Enviar a TweeterECONOMÍA Y POLÍTICA
MIGUEL ÁNGEL FERRER
Juventino Castro y Castro: sapiencia jurídica y valentía personal
Próximo a cumplir 94 años de edad, y en pleno ejercicio y disfrute de sus facultades físicas e intelectuales, dejó de existir el respetadísimo abogado Juventino Castro y Castro. No tuve el privilegio de conocerlo personalmente, de modo que mis opiniones sobre el jurista son fruto de informaciones de carácter público y, además, muy conocidas.
El doctor Castro fue funcionario público de larga trayectoria, y supo colocarse y vivir, como aconsejaba el patricio oaxaqueño y universal, en la honrada medianía que no proporciona más riqueza que la satisfacción del deber cumplido. Digamos que Juventino Castro y Castro alcanzó los cargos, haberes y distinciones propias de un hombre honrado, estudioso y de trabajo. Como tantos otros, como millones de mexicanos que, con mayor o menor talento, han estado presentes en la vida de México a lo largo de los últimos 500 años de historia patria.
Pero a la hora de su partida, no basta con recordar al hombre bueno, al hombre sabio, al varón justo, al amantísimo esposo, al buen padre y buen maestro, al probo funcionario. Digamos de nuevo que esos rasgos corresponden al hombre que ha hecho del cumplimiento del deber la divisa suprema de su existencia. De estas virtudes no habría que sorprenderse. A don Juventino le venían de estirpe. De semejante prestigio goza el hermano, siete años menor, Fernando: sabio, bueno, probo, justo.
A veces, sin embargo, la vida pone al sujeto en circunstancias que exigen ir más allá del deber. En situaciones que comprometen la ideología, la militancia partidaria, el concepto de amistad, la fidelidad al llamado espíritu de cuerpo. Y un cierto día, el destino colocó a don Juventino en esas excepcionales circunstancias.
Un aciago día, el 28 de junio de 1995, ocurrió la matanza de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Policías estatales de diversas corporaciones emboscaron a un grupo de campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un acto político de protesta, en el vecino municipio de Atoyac de Álvarez, contra el gobierno guerrerense. Fueron 17 las víctimas de ese proditorio asesinato, de ese premeditado, imperdonable y sanguinario crimen de Estado.
El entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, pretendió, mediáticamente, convertir a las víctimas en victimarios. La versión oficial no cuajó a pesar de las múltiples complicidades estatales y federales. Y ante la gravedad de los hechos, la investigación del caso recayó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte determinó que la matanza de Aguas Blancas fue ordenada y ejecutada por el gobierno de Rubén Figueroa, y que, en consecuencia, éste era el principal responsable de ese bárbaro crimen. Este dictamen, sin embargo, no produjo efectos jurídicos: el crimen quedó impune. Pero la decisión de la Corte produjo inesperados efectos políticos: el gobernador fue forzado a dejar el cargo en forma definitiva y a cargar para siempre con el indeleble estigma de criminal. Pero lo más importante fue que ese dictamen dejó constancia histórica del carácter de crimen de Estado de la matanza de Aguas Blancas.
Estos tres efectos se debieron en buena medida a la sapiencia jurídica y a la valentía personal de Juventino Castro y Castro, a la sazón ministro del supremo tribunal mexicano. Sapiencia jurídica para sustentar sólida e irrebatiblemente la responsabilidad del gobernador en el nefando crimen, y valentía personal para atreverse a señalar como asesino a un connotado y temible cacique amigo del poder. En la hora de la partida, honor al jurista sabio y al juez justo, pero sobre todo al hombre valiente.
