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miércoles, 6 de octubre de 2021

Posicionamiento de CANACINTRA ante la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política

Desde su creación, CANACINTRA y sus afiliados han participado activamente en el desarrollo de los sistemas de energía de nuestra nación. Somos parte de las cadenas de producción, servicio y consumo de los subsectores petrolero, petroquímica, gas y electricidad.

CANACINTRA se enorgullece de los esfuerzos históricos para impulsar un sector que es pilar de la economía de México. Reconocemos la importancia de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Valoramos nuestra relación con las empresas públicas, así como con los organismos reguladores y los centros de investigación tecnológica del sector.

CANACINTRA cree en la necesidad de estar al día para poder responder a los retos que tienen todos los sectores industriales, incluyendo al sector energía. Creemos que la innovación debe ser aplicada tanto en la tecnología como en la metodología y la estructura de la industria.

Estamos convencidos de que se debe buscar siempre lo mejor para el pueblo de México y su base productiva: certeza legal, inversión, inclusión, creación de empleos, sustentabilidad y precios competitivos.

La recuperación económica después de la pandemia de Covid 19 requerirá sumar esfuerzos y de todos los recursos disponibles. Es apremiante atraer tanto inversiones privadas como públicas en un país que necesita volver a crecer.

La posición de CANACINTRA en torno a la iniciativa de decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución considera tres elementos:

Primero.- la necesidad de garantizar certeza legal y el derecho de participar libremente en los mercados lícitos. No podemos coincidir con la idea de cancelar permisos de forma retroactiva y mucho menos que se den por terminados acuerdos entre particulares, que fueron firmados al amparo de la normativa vigente en cada momento. Es fundamental respetar el derecho tanto de los inversionistas como de los trabajadores de la iniciativa privada.

Segundo.- se debe establecer un detallado análisis que concluya con leyes que favorezcan efectivamente al sector y a México. Partir de un disagnóstico equivocado o politizado significa un gran riesgo para la viabilidad de nuestra nación.

Hay puntos debatibles y no necesariamente acertados. Por citar: El documento indica que una reserva de capacidad de 15 a 20 por ciento es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de seguridad. Este dato tendría que ser revisado, dado que la indisponibilidad de las plantas de generación de CFE requeriría un margen de reserva mucho mayor para garantizar que no habrá apagones ni falta de capacidad.

Otra omisión, es que el documento no contempla necesidades específicas de diversas tecnologías o consumidores. Un ejemplo son los proyectos de cogeneración en todas sus modalidades. Eliminar contratos privados quitaría la posibilidad de desarrollar proyectos de alta eficiencia energética que generen calor y electricidad de manera combinada.

La propuesta tampoco abona sobre las necesidades futuras de una red eléctrica inteligente, el desarrollo de micro-redes, almacenamiento de energía, generación distribuida, acceso a la red, sistemas de hidrógeno y captura de carbono, entre otros.

Tercero.- No debemos sacrificar a la planta productiva privada en aras de las empresas públicas. La propuesta indica que se deben cancelar los contratos entre privados de modo que todos los consumidores tengan que adquirir su energía pagando las tarifas de CFE.

Adquirir energía más barata es precisamente lo que impulsa la competitivad de muchas empresas y los ahorros se trasladan a los consumidores de bienes y servicios, por lo que es difícil entender que se busque aumentar el costo de energía eléctrica para esas industrias.

A pesar de las críticas contenidas en la Iniciativa, la relación que tiene CFE con los Productores Independientes de Energía y con los proyectos ganadores de las Subastas de Largo Plazo permite a CFE comprar energía en concursos muy competitivos, para revenderla con ganancia a consumidores industriales, comerciales y residenciales.

Al obligar la cancelación de todos los contratos y acuerdos privados, la única salida que tendrían muchos generadores sería vender la energía a CFE al precio que esta quiera pagar. Ello llevaría a la quiebra de empresas que confiaron en México y limitará las inversiones futuras. Así es como se pierde la confianza de los inversionistas.

Hacemos un atento y urgente llamado para revisar la propuesta de cambio constitucional sin enfocarse en un monopolio estatal, sino considerando las oportunidades y necesidades que tiene el pueblo de México y su planta productiva. La discusión se debe enriquecer con elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos, sociales y políticos que no se han considerado.

Debemos prepararnos para un futuro que requerirá soluciones eficientes para fomentar la competitividad, productividad, sostenibilidad y responsabilidad social.

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