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miércoles, 14 de abril de 2021

Frente al embate presidencial, el INE defiende la democracia

 

Jesús Zambrano Grijalva

@Jesus_ZambranoG

En los 30 años que tiene de existencia el INE (antes IFE) nunca antes había enfrentado una estrategia de amenazas y amedrentamiento, orquestada y promovida desde Palacio Nacional, como la que ahora enfrenta. Nunca antes la democracia había estado en tanto riesgo.

El presidente López Obrador tiene una rencilla con el Instituto desde 2006. Es un resentimiento que ha exhibido durante todo lo que va de su sexenio y que lo descarga cada vez que puede contra los consejeros actuales, que no tuvieron nada que ver con aquella elección. Es un rencor enfermizo.

Hace apenas un par de semanas el presidente arremetió contra los consejeros cuando éstos, con apego a la Constitución, aprobaron las reglas para la asignación de las curules por el principio de Representación Proporcional en la Cámara de Diputados para la elección federal del próximo 6 de junio, para evitar una sobrerrepresentación indebida. Es decir, que la integración de la Cámara de Diputados corresponda con los votos de la ciudadanía. Pero más tardó el INE en publicar estas reglas, que Morena en salir a amenazar a los consejeros con juicio político y exigirles su renuncia. En este momento el acuerdo está impugnado ante el Tribunal Electoral y circula la versión de que la resolución viene en el sentido de confirmar las reglas del INE. 

Pero lo que motivó que el presidente López Obrador explotara en cólera contra el INE fue que los consejeros electorales aprobaran negar el registro de candidaturas a Raúl Morón, Félix Salgado y a varios abanderados de Morena por no haber presentado sus reportes de ingresos y gastos de precampaña, cuando el artículo 229 de la ley electoral es muy claro: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido... no podrá ser registrado legalmente como candidato.” Lo único que hizo el INE fue aplicar la ley. En tanto, los candidatos de Morena alegaron que no habían entregado dicho informe porque no habían hecho precampaña, lo que quedó desmentido después con las pruebas que el INE documentó y que el Tribunal Electoral corroboró.

Ante esto, el presidente López Obrador, en lugar de enojarse con sus precandidatos o con el presidente de su partido, Morena, se encolerizó contra los consejeros electorales por haber acatado la ley. Al día siguiente, desde su púlpito mañanero y en plena campaña electoral, declaró que “el INE está convertido en el supremo poder conservador”, y redobló su campaña de descalificación contra el árbitro electoral, lo cual avivó los ataques contra el instituto y sus consejeros. Así, Felix Salgado, en un mitin a las afueras de las instalaciones del instituto electoral, advirtió a los consejeros que "no le rascaran los ‘güevos’ al Toro", o sea, a él, porque “si no se reivindican se los decimos de una vez: los vamos a hallar a los siete, los vamos a hallar, los vamos a buscar.” Declaraciones y amenazas que ameritan cárcel y que fueron solapadas por el mismo presidente de la República.

Para López Obrador el árbitro electoral solo es justo cuando lo favorece, pero cuando no, es injusto, neoliberal y vendido. ¿Qué va a pasar ahora que el INE confirmó la sanción para los morenistas? ¿Qué va a pasar cuando el Tribunal Electoral confirme las reglas para evitar la sobrerrepresentación? ¿Qué va a pasar cuando el 6 de junio la ciudadanía nos dé el triunfo? ¿López y Morena aceptarán su derrota? El embate al INE que estamos viviendo actualmente podría ser un adelanto de lo que vamos a vivir después de las elecciones. Hoy más que nunca, las instituciones que salvaguardan la democracia mexicana deben protegerse y defenderse de los embates del rancio autoritarismo.

Por eso la resolución del INE sobre Félix Salgado y Raúl Morón es un triunfo de la legalidad y la democracia, así como la consolidación de la autonomía, independencia y de su papel como árbitro imparcial. Mis respetos a tal decisión. El Tribunal Electoral debe regirse por esos mismos principios, con apego a la Constitución.

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