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lunes, 5 de octubre de 2020

Retos en las asociaciones público privadas en la CDMX

 


Mtro. Adolfo X. Zagal Olivares

Socio GEA INFRAESTRUCTURA

Twitter: @zagal_adolfo

En días pasados las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) presentaron el Programa de Reactivación Económica para el Bienestar de la Ciudad de México (Programa), mismo que estará financiado a través de inversión pública y privada. La inversión pública se asignará en apoyos directos a los habitantes de esta entidad a través de microcréditos a microempresarios (durante esta emergencia sanitaria), inversión pública en infraestructura para salud, educación, movilidad, suministro de energía eléctrica, modernización/rehabilitación de parques, reconstrucción y vivienda social, infraestructura hidráulica, así como la modernización de la Línea 1 del metro. Cabe destacar que la inversión privada estará dirigida principalmente a regeneración urbana y vivienda incluyente, revitalización integral del Centro Histórico, turismo y obras estratégicas, tales como: i) Viaducto Elevado para conexión con autopista México-Puebla, ii) Viaducto Elevado Periférico Oriente tremo Zaragoza-Peñón Texcoco, iii) Renovación de la Feria de Chapultepec, entre otros.

El objetivo del Programa, como su nombre lo indica, es reactivar la esfera económica de la CdMx concatenada a sus estrategias y actividades en la esfera social, territorial y de gobierno eficaz y eficiente bajo un análisis riguroso de la conveniencia para desarrollo de infraestructura mediante Modelos de Inversión Mixta (MIM).

En este tenor y alineado a los objetivos que se pretenden alcanzar, María Guadalupe Chavira de la Rosa como diputada en el Distrito VII ha socializado el contenido de una iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) para la CdMx como un instrumento más que fortalecerá al gobierno en la provisión acelerada de infraestructura, implementación de los proyectos en menor tiempo, una mejor calidad de los servicios, más certidumbre a las inversiones privadas con una mejor distribución de los riesgos asociados al proyecto que permita incrementar el valor por el dinero, así como mayor transparencia y rendición de cuentas.

Aun y cuando el marco jurídico federal y estatal que tutela los proyectos realizados mediante asociaciones público privadas ha brindado certeza jurídica para la estructuración de proyectos de inversión, existen áreas de oportunidad a considerar y algunos temas coyunturales que pueden robustecer entre otras cosas:

1. La planeación integral que otorgue viabilidad y factibilidad a un proyecto en la que se integren los planes de todos los niveles de gobierno; se socialice de tal manera que la ciudadanía lo haga suyo, le transmita pertenencia; se conceptualice de manera, transversal considerando las diferentes materias de infraestructura como transporte, energía, turismo, salud, educación, comunicaciones; sostenible para que sus objetivos, estrategias y líneas de acción se materialicen en el corto o mediano plazo y perduren en el tiempo. Lo anterior permitirá maximizar uso de los recursos, identificar y minimizar los riesgos asociados al proyecto, generar eficiencias y por lo tanto valor agregado al realizar los proyectos en tiempo y forma.

2. El fortalecimiento institucional a través de la creación de un ente regulador que al constituirse con un equipo multidisciplinario de especialistas en temas técnico-operativos, financieros, legales, aspectos ambientales, cambio y uso de suelo, derecho de vía optimice la creación y administración de un banco de proyectos con base en metodologías claras y bien definidas para las etapas de planeación, ejecución, administración y evaluación, así como la identificación, evaluación y administración de riesgos de los proyectos de inversión.

3. La creación de un registro único de proyectos en los que se involucre al sector privado, a través de un observatorio que permita identificar, registrar, brindar información, vigilar y dar transparencia a todos los procedimientos que involucra el desarrollo de un proyecto de inversión.

4. El fortalecimiento de la participación ciudadana a través de consultas, foros, inclusión y promoción de los proyectos de tal manera que la población en general forme parte de los proyectos, los haga suyos y se eviten altos costos de transacción en su desarrollo. Sin duda el establecer canales asertivos de comunicación y diálogo es un reto.

5. El fomento de mecanismos o estrategias de supervisión de proyectos de calidad que genere valor agregado. Es decir, no sólo “vigilar” el cumplimiento de programas físicos-financieros como un simple acompañamiento o comparsa que se convierte en un gasto adicional y no una inversión, sino transmutar a una cultura de trabajo diferente en la que se dé cabal cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades contractuales aprovechando la experiencia, conocimientos, tecnología e innovación de dicho supervisor. Que como parte de sus alcances se propongan estudios y proyectos técnicos-operativos a mediano y largo plazos alrededor de la obra a ejecutar, así como mejorar los servicios al usuario en torno al proyecto a realizar, procurando una visión preventiva con el fin de optimizar recursos que permitan mejoras estructurales.

6. El fomento de una visión de servicios en la que -desde la planeación hasta la operación de un proyecto de inversión- todos los entes públicos, privados y sociales que participan en su desarrollo estén claros que el producto final será un servicio de calidad que se brinda a la sociedad, tomando en cuenta que al tratarse infraestructura cuya vida útil abarca décadas, el servicio que otorgue va más allá de cualquier administración y los beneficiados somos todos.

La CdMx ha procurado un marco regulatorio que le ha permitido desarrollar proyectos a través de Asociaciones Público-Privadas, desde su Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público (1996) que regula la concesiones, hasta el reconocimiento de los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y los Proyectos de Coinversión en 2007, mismos que se publicaron en 2008. El contar con una Ley de Asociaciones Público Privadas de la Ciudad de México fortalecerá el marco jurídico que permitirá establecer reglas claras y transparentes en materia técnica, legal y financiera, brindando con ello mayor certeza a las partes involucradas.

A manera de conclusión, pudiera decirse que este tipo de iniciativas generan confianza para desarrollar más infraestructura y mejor calidad de sus servicios no sólo para tratar de paliar los efectos adversos que vivimos a nivel global por la desaceleración de la economía, agudizada por la pandemia del COVID19, sino también para visualizar una CdMx moderna y eficiente en el largo plazo.

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