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jueves, 22 de octubre de 2020

Contrastando Ideas

 

 Julio Jiménez Martínez

¿Un fuerte golpe a los beneficiarios de fondos y fideicomisos Públicos o Combate a la corrupción?

Para nadie es desconocido que los fondos y fideicomisos públicos son una figura con grandes beneficios para determinados grupos en condición de vulnerabilidad, riesgo por causas de violencia, como el caso en particular de los grupos defensores de los D.D.H.H. y los periodistas víctimas de la violencia o inseguridad como consecuencia del ejercicio de su profesión, los deportistas de alto rendimiento, el fondo nacional para la atención de víctimas de desastres naturales, investigadores, creadores, artistas, cineastas que desarrollaban una importante actividad de fomento a la importante industria del cine mexicano, productores del campo, migrantes, y gobernadores, etc.

El marco jurídico institucional en materia de rendición de cuentas en México, reclama ajustes que permitan preservar lo alcanzado y desarrollar nuevas capacidades que garanticen un ejercicio transparente de las finanzas públicas; si bien hemos avanzado en el sentido correcto, la transparencia y la rendición de cuentas son todavía tareas que debemos fortalecer para consolidar nuestro desarrollo democrático.

En materia de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la Auditoría Superior de la Federación, ha reiterado la apremiante necesidad de impulsar una mayor transparencia en su operación dado los cuantiosos recursos públicos que manejan.

En los últimos años, la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos y fideicomisos públicos en México han sido materia recurrente del debate nacional en virtud de la discrecionalidad que por décadas les ha permitido el marco jurídico vigente, lo cual ha generado serios obstáculos que, en muchos casos, impiden conocer el destino final de los recursos de todos los mexicanos.

Sin embargo los constantes actos de simulación, la opacidad, los abusos, los excesos y la corrupción de algunos gobernantes, legisladores, funcionarios, empresarios que se beneficiaban de los estratégicos beneficios económicos que les otorgaban como consecuencia de las actividades y objetivos para los que supuestamente eran constituidos los fondos o creados los fideicomisos públicos; ya que eran una simple estrategia para obtener fondos públicos (dinero gratis) y simular una serie de actividades que no formaban parte de ningún proyecto serio de estímulo o fomento a los grupos o sectores que requerían apoyos económicos o programas de financiamiento para cumplir con sus objetivos definidos en los proyectos o actividades relacionadas con necesidades prioritarias de los fondos y fideicomisos públicos.

Es fundamental aclarar que el ejercicio de los asuntos públicos no puede funcionar sobre la base de la buena fe o la confianza, sino bajo el principio rector de la transparencia, la rendición de cuentas, y la facultad de fiscalización gubernamental. Por lo tanto, nadie qpuede estar exento del ejercicio de la rendición de cuentas y de la obligación por entregar información respecto de las reglas de operación relativas a las actividades o cumplimiento de los objetivos específicos para los que fue creados determinados fondos o fideicomisos públicos.

Cabe mencionar, que los fideicomisos, ya sean estos públicos o mixtos, deben ser sometidos a las mismas reglas de fiscalización de manera rigurosa y forma periódica, sobre todo cuando los recursos son administrados para atender necesidades estratégicas o emergencias naturales que afectan al pueblo de México, sin embargo la sombra de la impunidad, la injusticia o la corrupción, siguen siendo una asignatura pendiente para el gobierno de la 4T, ya que a pesar todos los señalamientos formulados por el Presidente AMLO, no hay una sola denuncia penal presentada ante las autoridades competentes por parte de la Secretaría de la Función Pública, los titulares de las instituciones u organismos públicos que en atención a los procesos de fiscalización, no han iniciado los procesos administrativos para sancionar a aquellos servidores públicos presuntamente involucrados en actos de corrupción o en su caso la presentación de las denuncias penales y el inicio de las investigaciones por parte del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de respetar los D.D.H.H. garantizar las formalidades del debido proceso y el principio de presunción de inocencia, integrando con pruebas contundentes(dictámenes periciales, documentales públicas y privadas, etc.) las carpetas de investigación y en su momento darle intervención a las autoridades judiciales.

Para los mexicanos es una amarga realidad, que por medio de la utilización de fondos y fideicomisos públicos, funcionarios, legisladores, instituciones, entidades y organismos gubernamentales han podido disponer de recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Ello, como es lógico, ha provocado múltiples irregularidades en la gestión pública y ha llegado a generar importantes daños patrimoniales a través de gastos discrecionales, desvío de recursos con fines distintos, y constantes actos de corrupción.

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