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lunes, 24 de agosto de 2020

Contrastando Ideas / Del escándalo del "Lozoya Gate" al "Yo no Fuí" o el clásico"No Somos Iguales"

Dr. Julio Jiménez Martínez
@AnalisisJuridic1

Con el estreno la segunda temporada de los video escándalos de la clase política, se generó un ambiente de críticas y desconfianza  en torno a Emilio "L", creador y autor de este insólito proyecto de negociación de procuración y administración de justicia, en el que no solo se superaron las expectativas mediáticas para transformar la imagen pública de un presunto delincuente de cuello blanco y en su momento prófugo de la justicia;  a un estratégico aliado del gobierno de AMLO en su calidad de "Testigo Colaborador" de las autoridades mexicanas (FGR).

En su momento político, será nominado para ser beneficiario de los privilegios de un oportuno acuerdo de colaboración,  las ventajas jurídicas de un conveniente criterio de oportunidad y las comodidades que brinda la impunidad.

Con motivo de la filtración de diversos videos y documentos(denuncia penal) no difundidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y tampoco ofrecidos por la defensa del exfuncionario federal; sin embargo de acuerdo con el critero de la primera sala  de la Suprema Corte de Justicia, los videos y documentos (Denuncia Penal), filtrados ilegalmente pueden ser considerados como pruebas nulas o ilícitas, ya que estas violan los D.D.H.H. de los involucrados, pero de acuerdo con el art.222 del Código Nacional de Procedimientos Penales(CNP).

Las autoridades mexicanas pueden citar a los involucrados, señalados o afectados para que rindan su declaración y se deslinde la probable responsabilidad penal.

En los últimos días se han violentado formalidades jurídicas que garantizaban la confidencialidad y secrecía de las investigaciones por parte de las autoridades encargadas de  procuración de justicia, pero desafortunadamente el protagonismo de algunos funcionarios públicos, ha violentado diversos principios constitucionales como el Principio de Presunción de Inocencia, las formalidades del  Debido Proceso y  los D.D.H.H. de diversos personajes de la clase política (expresidentes, exfuncionarios Federales, exlegisladores),  poniendo en riesgo la certeza jurídica de las investigaciones, vulnerando la autonomía e independencia de las autoridades de procuración de justicia, provocando una percepción de  injusticia, impunidad y corrupción en las instituciones del estado mexicano.

De acuerdo con nuestra constitución Federal,  el paradigma de  la institución presidencial está estrechamente relacionada con el prestigio de nuestro país y el honor de su pueblo, sin embargo en los tiempos  de la Cuarta transformación (4T),  nuevamente es una práctica común el uso faccioso de las estructuras institucionales y  los instrumentos constitucionales para satisfacer interéses politico-electorales o venganzas personales.

Para el gobierno de MORENA, no es prioridad  hacer justicia o implementar políticas públicas en materia de prevención del delito, pero sí es vital la persecución institucional de los enemigos, no de México, enemigos de los interéses de la 4T, con la  maquiavélica estrategia para exhibir y dañar la imagen pública de tres expresidentes de México, de diversos exfuncionarios federales,  exlegisladores, dos excandidatos presidenciales, entre otros personajes; sin olvidar que  su libertad  podría quedar a criterio de la voluntad del pueblo "Bueno y Sabio" a través de una conveniente encuesta popular, sin respetar los D.D.H.H., el principio de presunción de inocencia o las formalidades jurídicas del Debido Proceso de los acusados.

El Gobierno Federal no puede  puede asumir una postura con doble moral, ya que como consecuencia de los  videos filtrados en redes sociales en el que Pío López Obrador,  presuntamente recibe recursos económicos de un pseudo operador político del gobierno de Chiapas, las especulaciones son muchas en relación al orígen y destino  de los recursos económicos recibidos, ya que tal parece que el hermano del Presidente gozará de un trato preferencial violentando el estado de derecho y fortaleciendo una perecepción de impunidad, injusticia y corrupción; ya que el Pío  López, no será objeto de una investigación por el origen ilícito de dichos recursos.

Seguramente, el Instituto Nacional Electoral (INE), no solicitará  al  partido político de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que aclare el registro y destino de los recursos obtenidos, de Pío López Obrador,  tampoco será denunciado por el presunto delito electoral y muy probablemente el Servicio de administración Tributaria(SAT) y La Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), tampoco quererirán el pago correspondiente del  impuesto (IVA,ISR ), las multas, recargos, actualización e interéses moratorios por los ingresos obtenidos en efectivo y seguramente  la Fiscalía General de la República (FGR).

tampoco iniciará una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y no será citado el hermano del Presidente para que rinda declaración en relación a las evidencias que se  desprenden de los videos  filtrados en las redes sociales y difundidos en  medios de comunicación nacionales y extranjeros.

contrastandoideas@yahoo.com.mx

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