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jueves, 16 de abril de 2020

Con nuevo Reglamento Interior, la Función Pública refuerza el combate a la corrupción y a la impunidad

Ciudad de México, a 16 de abril de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros emitieron hoy en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el cual se refuerza y reestructura el trabajo de la dependencia para ciudadanizar el combate a la corrupción, fortalecer la lucha contra la impunidad y hacer un uso efectivo de los recursos públicos.

La secretaria Sandoval Ballesteros se congratuló por la publicación del nuevo Reglamento, al considerar que “confirma el renacimiento de la institución para cumplir con su tarea fundamental de asegurar que el Gobierno de México vele por el interés general y beneficie a todos los mexicanos, tal y como lo demuestran los resultados a alcanzados hasta hora”.

Con el nuevo reglamento se concreta la transformación de la dependencia, al pasar de tres a dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción y la de Combate a la Impunidad. En estas áreas sustantivas, desde el inicio de esta administración y hasta la fecha, la Función Pública ha realizado más de 2 mil 500 auditorías, con cerca de 10 mil observaciones por más de 544 mil millones de pesos, y ha iniciado más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

Además, ha impuesto cerca de 4 mil 700 sanciones a servidores públicos, de los cuales mil 504 fueron inhabilitados. Y a través de 316 sanciones se han establecido multas por alrededor de mil 500 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que incumplieron la ley.

Con el nuevo Reglamento Interior también se crea la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, a través de la cual se fortalecerán acciones como el Padrón de Integridad Empresarial, el Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y la transformación de la Contraloría Social en un verdadero mecanismo para involucrar a la ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, así como en la prevención y eliminación de los actos de corrupción.

Además, se refuerza el combate a la corrupción con la integración estructural de los Órganos Internos de Control de toda la Administración Pública Federal, que anteriormente no contaban con autonomía suficiente al ser parte de las mismas instituciones a las que vigilaban, con riesgo de caer en conflictos de interés.

En concordancia con la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Función Pública, se acaba con la duplicidad de funciones, al pasar de 32 a 22 unidades administrativas, y no se contempla la creación de nuevas plazas, lo que representa un avance en la erradicación del dispendio que había en anteriores gestiones.

Esta transformación profundiza la política anticorrupción que ha impulsado la Función Pública durante los primeros 16 meses de la actual administración y que se han traducido en una aprobación ciudadana de 61%, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), elaborado por Transparencia Internacional. Dicho resultado representó un histórico salto de 37 puntos porcentuales respecto al registrado en la edición de 2017.

Esta tendencia favorable también fue confirmada por el avance en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde México pasó del lugar 138 al 130, como reflejo de la implementación de una nueva estrategia basada en el enfoque de la corrupción estructural.

De esta manera, el Reglamento Interior integra los cinco ejes rectores que desde el inicio de esta administración impulsa la secretaria Sandoval Ballesteros: ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad, democratización de las tecnologías, protección a ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género, así como fiscalización y austeridad republicana.

Asimismo, reglamenta las competencias del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; la inspección al ejercicio del gasto público federal y el desarrollo de auditorías, todo ello con la finalidad de promover que el Gobierno de México cumpla con sus objetivos en beneficio de la población.

La normatividad también establece nuevos ejes para la participación en el Sistema Nacional Anticorrupción, la correcta presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, la efectiva atención de quejas y denuncias, el desarrollo de investigaciones y la aplicación de sanciones administrativas.

Con esta reorganización, la Función Pública reconfigura a fondo todas sus áreas, con el propósito de garantizar que las personas servidoras públicas del Gobierno federal desempeñen su encargo con apego a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, y así aportar a la consolidación de la Cuarta Transformación de México.

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