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lunes, 20 de abril de 2020

Callejón Informativo

José Alam Chávez Jacobo

- ¿Un nuevo pacto fiscal u oportunismo político?
- La lucha por un auténtico federalismo hacendario inició hace 20 años en Edomex
- El producto fue benéfico para el grupo Montiel-Peña
- En la nueva época, gobernadores del noreste del país plantean nuevas reglas 
- En algún caso, amagan con romper federalismo 
- Rompimiento significaría duro golpe a AMLO y no precisamente desde las urnas 

En la coyuntura política vigente resulta importante observar hasta dónde llega la postura de los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón, Miguel Ángel Riquelme, Francisco García Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro Ramírez, quienes proponen revisar el pacto fiscal federal, para modernizarlo, en caso contrario, analizarían abandonarlo; lo anterior en virtud de que no se trata de un asunto inédito, sin embargo en el pasado reciente la lucha fue contundente.

La asignación de recursos a las entidades ha sido un tema recurrente de inconformidades, mismas que han sido expresadas por diferentes gobernadores, el asunto adquiere mayor relevancia cuando surgen propuestas contundentes en la materia, cuando quienes las proponen tienen peso político en el país y, fundamentalmente, si generan respaldo de otros mandatarios.

Los últimos elementos se observan en dos momentos durante los últimos 20 años; cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decayó hasta perder la Presidencia de la República, dando paso a la alternancia con Vicente Fox Quezada y, ahora, justo en la coyuntura de incertidumbre económica por la pandemia del coronavirus, pero de hegemonía electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claro, en el primer caso México venía de episodios complicados para el país, crímenes políticos, inestabilidad social, devaluaciones y centralismo.

Lo interesante es que los dos momentos que se abordan en este espacio reflejan diferencias políticas, por ejemplo en la época pasada fue Arturo Montiel Rojas, gobernador del estado de México, quien puso en el debate nacional la lucha por un auténtico federalismo hacendario, que redefiniera las reglas de distribución de los recursos a las entidades.

Esta postura lo fortaleció en el entorno nacional y frente al gobierno de Fox, conjuntó la demanda de 19 gobernadores priistas y ganó simpatías de otros sectores de oposición al PAN, como Ricardo Monreal Ávila, mandatario de Zacatecas, quien participó en algunas reuniones.

Montiel sabía que este asunto sumado a una gran estrategia electoral serían un relevante capital político, tan es así que plasmó las ideas en el Plan de Desarrollo Estatal 1999-2005.

Arturo Montiel comenzó la lucha desde el estado de México en torno a la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por uno de Coordinación Hacendaria, que incluyera además del ingreso, los rubros de gasto y financiamiento.

Para ello propuso reformar la Constitución en tres artículos, así como la Ley de Coordinación Fiscal, para que las finanzas públicas se convirtieran en un mecanismo impulsor del desarrollo local y regional del país.

En aquél momento dijo que el estado de México aportaba el 10.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pese a ello la retribución de recursos que le regresaba la federación significaba el numero 26 nacional, en términos per capita.

Se trató de una postura que posicionó políticamente al gobernador mexiquense en el escenario nacional, representando a 19 gobernadores priistas, entre ellos Roberto Madrazo Pintado, de Tabasco; Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán; Miguel Alemán, de Veracruz y Victor Manuel Tinoco Rubí, de Michoacán.

Las propuestas obligaron debates importantes en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que se fortaleció en aquella época.

En el sexenio de Fox, las entidades ganaron nuevas disposiciones en esta materia, pero la lucha se mantuvo, tan es así que el estado de México que en aquellos años acusaba un trato inequitativo, plasmó el asunto en el Plan de Desarrollo 2005-2011 de Enrique Peña Nieto. En el documento se estableció seguir empujando una reforma hacendaria que sentara las bases para avanzar hacia un robusto federalismo hacendario.

Las circunstancias políticas llevaron a Peña Nieto -proyecto electoral de Montiel- a la Presidencia de la República en 2012, con ello regresó la disciplina de los gobernadores priistas en torno al jefe del Ejecutivo en turno, por lo que este tipo de asuntos quedó fuera de la agenda nacional, sin perder de vista que el estado de México ganó un trato presupuestal exitoso.

Prueba de ello es que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, planteó el 10 de Diciembre del 2019, un cambio urgente en el modelo de federalismo, a partir de cambios constitucionales que generen una nueva fórmula de distribución de los recursos que se entregan a los estados.

El panista aseguró que la reforma fiscal debe corregir la fórmula general que se estableció en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde precisamente el estado de México fue el más “ganón” producto -subrayó- de una especie de pago de favores. Hay que recordar que en diversos espacios se ha dicho que los gobernadores priistas, incluyendo a Peña, respaldaron electoralmente a Calderón en 2006.

Pasaron varios meses, hasta que el 11 de Abril los cuatro gobernadores referidos: Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Enrique Alfaro, de Jalisco, manifestaron su intención de que se revise el pacto fiscal porque, a decir de ellos, no reciben un trato adecuado por parte de la Federación.

Algunos han dicho que de no escuchar la agenda que plantean rumbo a una Convención Nacional Hacendaria, pasando la crisis sanitaria por el coronavirus, analizarían los mecanismos que les permitan abandonar el pacto fiscal.

Por ejemplo, representantes del sector productivo de Jalisco denuncian que la entidad aporta casi siete por ciento del PIB nacional y a cambio, recibe menos de dos por ciento de todo lo que se ejerce del presupuesto nacional y 5.6 por ciento del total de todas las aportaciones y participaciones de los estados.

Las entidades que más recursos reciben son Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Guerrero; la distribución tiene varias razones, además de las reglas que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal.

No obstante, los mandatarios del norte sostienen que aportan el 26 por ciento del PIB nacional y solamente reciben “migajas”.

Por eso al inicio de este espacio se señala que será interesante analizar de qué tamaño se consolida la exigencia, si se suman otros gobernadores y si realmente llegarán al rompimiento del federalismo -que se antoja difícil- significaría un duro golpe a López Obrador y no precisamente por la vía de las urnas. Interesante.

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