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miércoles, 2 de octubre de 2019

Dobleces / La guerra sucia ayer y hoy

Israel Mendoza Pérez
@imendozape

Los excesos de la guerra sucia y la disculpa ofrecida a Martha Alicia Camacho Loaiza exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre, se encuentran mutilados. Ahora, hay perdón pero no hay castigo a los responsables. Y eso es una constante a los largo de los años. No sólo fue en la época de los 70, en la actualidad es lo mismo.

La situación de la guerrilla en México en la actualidad sufre una contradicción por parte de la visión que tiene la Cuarta Transformación de ella. Hay una parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que no se siente ajeno, pero otra son quienes ven que se trata de enemigos del país.

En su discurso, Camacho Loaiza, y frente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, destacó que la pieza clave ausente y responsable es el Ejército. Silencio por ese señalamiento. Ninguno de los funcionario se sumó o reprobó su dicho.

Sus palabras fueron contundentes: “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época y añadió que reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución”.

Un suceso actual de la “guerra sucia moderna” es el caso de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos desde hace 12 años en Oaxaca, durante el gobierno priista de Ulises Ruiz. En esta historia, se repite el mismo esquema de abusos desde el poder por parte de las autoridades del orden. Hasta tocar al ejército de nueva cuenta.

Incluso, con la reciente sentencia de amparo 942/2013-2 en la que se ordena realizar sin limitaciones diligencia para lograr la localización con vida de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz, en cualquier instalación militar en donde se presuma el paradero de ambos es crucial para que este gobierno dé señales de sensibilidad. Además de la creación de una comisión de búsqueda integrada por familiares, defensores de derechos humanos y un representante del gobierno.

El primer lugar en el que debe iniciar el rastreo es en el Campo Militar No. 1 ya que de acuerdo con el expediente, los detenidos tras un operativo policiaco-militar, fueron trasladados a la procuraduría del estado de Oaxaca y vistos por última vez en la mencionada instalación castrense
De nueva cuenta es la sospecha sobre el Ejército en la que recaen estos casos. El pasado y el presente se quedan atrapados en las instalaciones militares y no se admite.

La historia de Martha Alicia Camacho por supuesto que sienta precedente para que se haga justicia en otros casos del pasado y del presente; sin embargo, mientras los responsables no sean visibles y las autoridades castrenses se encuentran distantes de la política de respeto a los derechos humanos, no habrá una respuesta integral.

Ella señala que fue en la IX Zona Militar de Culiacán, Sinaloa, donde se cometieron atrocidades que van más allá de la comprensión humana.

Mientras que ahora, en el asunto de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz hay una sentencia y no se ha cumplido desde hace cinco meses.

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