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lunes, 15 de julio de 2019

Metrópoli Central / ¿Qué paso en Baja California?

Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista político
@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

En este año en que se celebraron elecciones en seis estados de la República y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, sale nuevamente al escenario político Baja California.

Dicho estado fue una de las entidades que celebraron elecciones y que llamaron fuertemente la atención por, al menos dos factores importantes.  Por un lado, que el PAN perdiera la gubernatura luego de 30 años o, dicho de otra forma, después de ser gobernada por seis mandatarios emanados de las filas del panismo desde 1989.  Por otro lado, el triunfo de la Coalición encabezada por Morena quien ganó la elección con poco más del 50% de los sufragios por encima del 23% que obtuviera el PAN, con su candidato Oscar Vega Marín.

Aquí, es importante referir que en 2014 el Congreso de dicho estado había aprobado una reforma constitucional que indicaba que quien resultara electo en la contienda para el cargo del ejecutivo local de 2019, iniciaría funciones el primero de noviembre y concluiría su mandato el 31 de octubre de 2021, es decir, su mandato sería de dos años.

Consecuentemente, el Organismo Público Local (OPLE) del estado emitió la convocatoria pública para la elección del ejecutivo local que, entre otros aspectos, en las disposiciones específicas para los cargos a elegir, señaló claramente que la gubernatura del estado tendría un periodo constitucional de dos años.

Estas disposiciones fueron impugnadas ante el tribunal electoral local quien, a 100 días de la elección determinó que el OPLE emitiera una nueva convocatoria para establecer que el periodo de la convocatoria se ampliaría.  En el mismo sentido, el ya candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia por Baja California”, Jaime Bonilla impugnó el periodo establecido de dos años.

El asunto llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, resolvería por unanimidad que el próximo periodo de la gubernatura duraría dos años echando por la borda tanto lo resuelto por el tribunal electoral local como por lo interpuesto por el entonces candidato de Morena Jaime Bonilla.

Sentados estos precedentes, la población asistió a las urnas a emitir su sufragio conociendo anticipadamente que, para el caso de la elección del ejecutivo local, su periodo abarcaría dos años.

Sin embargo y a pesar de que Jaime Bonilla de Morena obtiene el triunfo como ya lo referimos por un periodo de dos años, el Congreso del estado modificó el decreto por el cual se establecía dicho periodo de dos años para ampliarlo a 5 años y concluir así su gestión en 2024.

La respuesta de diversos actores políticos no se hizo esperar.  Entre otros posicionamientos destacan el de la COPARMEX que indicó que se ampararía en contra de la reforma constitucional que amplía el periodo de Jaime Bonilla.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas consideró que el Congreso de Baja California deja un antecedente muy grave, ya que consideró que “cualquier estado se le va a ocurrir ampliar cualquier periodo de cualquier funcionario electo”.

Inclusive los árbitros electorales, como la consejera del INE, Pamela San Martín, afirmaría que la reforma que prolonga de dos a cinco años el próximo periodo a la gubernatura de Baja California violenta diversas reglas del proceso electoral y genera una ruptura del orden constitucional.

Por su parte, los partidos políticos que acompañaron la iniciativa de Morena, han anunciado medidas severas en contra de sus legisladores que votaron por la ahora llamada “Ley Bonilla”.

Asimismo, y muy probablemente, serán interpuestos sendos medios de impugnación que van desde los alegatos que indican la inconstitucionalidad de la reforma que sería interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por recursos que, en su caso, se interpongan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta amparos promovidos por ciudadanos que pudieran sentirse agraviados con dicha reforma.

Ahora bien, independientemente de lo que resuelvan las instancias jurisdiccionales, me parece que tenemos un panorama muy preocupante y crítico por muchas razones y que expongo solo algunas:

Con lo aprobado por el Congreso de Baja California, se está dando un duro golpe a la voluntad ciudadana manifestada en las urnas bajo un marco de derecho.
Nos parece que hay elementos suficientes para afirmar que el marco constitucional es violentado.
Con la decisión tomada por el Congreso del estado, se sienta un pésimo precedente que, inclusive, pudiera ser extensivos, si así fuere el caso, para que, inclusive, un presidente de la República, pueda extender su mandato porque así lo quiso la población, tal y como lo manifestara Yeidckol Polevnsky, al indicar que la “ampliación de la gubernatura obedece a petición de los ciudadanos.”

Si seguimos por este camino, no sólo estaríamos violentando el estado de derecho, sino también sentaríamos un precedente que refleje el no respeto a el principal ingrediente de un sistema democrático: su población.

Pero la palabra final la tienen las instancias jurisdiccionales.

¡Hasta la próxima!

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