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lunes, 29 de abril de 2019

Metrópoli Central / En defensa de la libertad de expresión

Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista político
@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

El derecho a la libertad de expresión es parte fundamental de nuestro sistema democrático. Derecho que se encuentra consagrado tanto en nuestra Constitución Política, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales en los que México forma parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado todo un andamiaje jurisprudencial en torno a la defensa del derecho a la libertad de expresión.  Entre las principales aportaciones que ha posicionado, está el que dicho derecho es indispensable en nuestro sistema político para la formación de la opinión pública.

De acuerdo con el Informe Anual de Artículo 19, desde 2010 y hasta diciembre de 2018, las autoridades respectivas han iniciado 1,140 investigaciones por diversas violaciones cometidas contra periodistas, de donde sólo se proclamaron 10 sentencias condenatorias, es decir, el 0.87%.  Por lo mismo, Artículo 19 ya ha exigido al gobierno de López Obrador acciones concretas para detener la violencia generada contra el gremio informativo.

En el mismo Informe presentado, Artículo 19 destaca que los diversos actos perpetrados contra periodistas motivan miedo, autocensura y, en algunos casos se ha comprobado hasta la deserción de periodistas, lo cual resulta inconcebible en un supuesto de Derecho.

Estos breves antecedentes se inscriben en el lamentable suceso reciente en que el director general editorial del Diario Reforma, Juan E. Pardinas fuera víctima de amenazas de muerte a través de redes sociales.

De acuerdo con Pardinas, el Diario Reforma ha sido señalado por el propio presidente de la República en trece ocasiones que, independientemente de si se está de acuerdo o no con lo que publica dicho Diario lo cierto es que el mismo ha reiterado su derecho a la libertad de expresión, en tanto que la polarización en que ha incurrido López Obrador puede generar un panorama muy adverso no sólo para los profesionales de la información sino para el propio derecho a la libertad de expresión.

Bajo este panorama el Estado Mexicano enfrenta un gran desafío para acabar contra la violencia y la inseguridad que incluye, lamentablemente, al gremio de los periodistas.

De hecho, diversos documentos e informes de misiones tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han confirmado que la violencia contra periodistas tiende a intensificarse, por lo que el Estado y el propio Ejecutivo Federal deben garantizar entre otras múltiples acciones, al menos las siguientes:

La defensa irrestricta del derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución, con lo que, entre otras acciones, terminar con la polarización ya referida sería un buen comienzo.
Generar acciones concretas para abatir la impunidad generada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas.
Sería conveniente fortalecer y dar mayores facultades a la Fiscalía Especial para la Atención de la Libertad de Expresión (FEADLE).
La federación debe coordinar esfuerzos junto con las entidades federativas para uniformar criterios normativos para la procuración de justicia en materia de protección a periodistas.
Establecer una serie de políticas públicas que incentiven la cultura hacia la libertad de expresión, por un lado, y por el otro, la supervisión para que el servicio público, la fuerza pública y diversos actores políticos respeten al gremio periodístico.
Revisar, junto con el gremio periodístico, la Ley Federal de Protección a Periodistas.
Actualizar y, en su caso, implementar protocolos claros para el ejercicio de medidas cautelares para la protección de periodistas.

Sin embargo, el mayor manto protector hacia el ejercicio periodístico debe ser implementado desde el Gobierno Federal, desde el Ejecutivo Federal, desde las instancias gubernamentales, desde el legislativo y desde el servicio público.

Una sociedad que en julio del año pasado votó democráticamente lo hizo pensando en un cambio, pero en ello, estoy seguro, no incluyó el abatir la libertad de expresión.  ¡Hasta la próxima!

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