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lunes, 25 de febrero de 2019

Metrópoli Central / Entre el registro de nuevos partidos y la desconfianza que les tiene la ciudadanía

Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista político
@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

A pesar de que las instancias denominadas partidos políticos guardan una mala percepción de la población, la legislación electoral federal dispone que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político nacional, deben seguir una ruta que los lleve, si cumplen con determinados requisitos, a competir con los actuales partidos políticos, en este caso, para la elección de 2021.

Para ello, las organizaciones que así lo pretendieron, debieron informar al INE al respecto en enero pasado, de donde acudieron 106 organizaciones que manifestaron su intención de constituirse como partido político local.

En este sentido, el INE informó en días pasados que había concluido el análisis de varias organizaciones dando como procedentes a 65, mismas que pueden empezar con el proceso que exige la legislación en donde destacan los siguientes pasos:

A lo largo del año, las organizaciones deberán afiliar a alrededor 234 mil ciudadanos.
Deberán celebrar, al menos, 20 asambleas estatales en donde acrediten a aproximadamente 3 mil afiliados.
O bien, deberán realizar 200 asambleas distritales con 300 afiliados como paso previo a su Asamblea Nacional Constitutiva.

El INE notificó que 34 organizaciones aún se encuentran en proceso de revisión; 4 fueron desistimientos y 3 no procedieron.

Es importante referir que las organizaciones que así lo acrediten, deberán llevar a cabo el proceso de afiliación de manera libre y conforme a una aplicación móvil (APP) diseñada por el INE con el objetivo de generar un proceso confiable y que garantice la autenticidad de dichas afiliaciones, así como el debido cuidado de los datos personales.

El plazo que tendrían las organizaciones para alcanzar las afiliaciones requeridas vence hasta el 31 de enero de 2020.  Si llegan a la meta, podrán solicitar su registro como partido político nacional.

El INE por su parte atendería dicha solicitud y llevaría a cabo la verificación de las afiliaciones y tendría hasta mayo de 2020 para determinar qué organizaciones cumplieron con los requisitos y, consecuentemente, declarar la procedencia del registro.

El primero de julio de 2020 sabríamos cuáles serían los nuevos partidos políticos que competirían a la par con los que actualmente ya ostentan un registro nacional.

Sin embargo, tenemos una serie de reflexiones.

Ya en 2017, Latinobarómetro refería que la confianza de los mexicanos hacia los partidos políticos se encontraba en su peor momento en los últimos 22 años al registrar que sólo el 9% tenían confianza en ellos.  Dicho informe señalaba que la baja confianza en dichas instancias coincidía con la automatización de los sistemas de partido, así como con la crisis de representación y el desencanto generalizado hacia la política.

Consulta Mitofsky de igual forma, indicaba en su Ranking sobre la confianza en las instituciones en 2018, que justamente los partidos políticos se encontraban en un nivel de Confianza Bajo, peleándose el sótano de la calificación con instancias como la policía y los sindicatos.

Consecuentemente, podemos observar que las instituciones políticas tienen un gran reto para sí mismas, y no me refiero sólo a las que buscan acreditarse como nuevos partidos políticos, sino también para quienes ya se ostentan como tales.  En este sentido, entre otros puntos, no estaría demás que motivaran algunos análisis:

Diagnósticos serios que determinen las causas de la pérdida de la confianza ciudadana, en donde seguramente destacaría su alejamiento a la población,
Ejercicios de planeación estratégica para que, entre otros aspectos, se impongan objetivos y metas reales que incluya, por supuesto, un vínculo permanente con la ciudadanía, y
Que las y los ciudadanos participen con estas instancias partidistas en la implementación de estrategias para el desarrollo de nuestra nación.

Pero independientemente de lo anterior, sería muy oportuno que el legislativo revisara la normativa electoral para lograr atender una de los aspectos que más dañan a los partidos políticos en su imagen: su alto costo que obtienen a través del financiamiento público.  ¿Cómo lograrían esto?  Bajando dicho monto a aspectos reales y acorde a las políticas de austeridad instrumentadas por el Gobierno Federal.

De lo contrario, parecería que los partidos políticos están destinados a morir.

En tanto, veremos finalmente qué organizaciones llegan al final a constituirse como partido político nacional y cuál sería el ajedrez para la elección intermedia de 2021.  ¡Hasta la próxima!

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