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lunes, 5 de noviembre de 2018

Enfoque Global / NAIM, discordia entre empresarios y visión de AMLO

José Luis Ortiz Santillán

La “cancelación” de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), ha trastornado a la clase política nacional y a los medios en estos días; incluso una calificadora nacional bajó la calificación de la deuda soberana de México, suponiendo que podría marcar el paso a seguir por las calificadoras de Wall Street, mucho más serias a la hora de especular sobre el futuro de un país y los beneficios de sus decisiones.

Es evidente que la cancelación de este enorme proyecto de infraestructura tiene consecuencias negativas para el presupuesto del Estado y para la economía. Pero, además, el anuncio en principio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha trastornado a los partidos políticos, a los grupos empresariales y bancos, los cuales hicieron todo lo posible, desde el punto de vista financiero, para evitar que ese proyecto se cancelara, haciendo muy cara esa posibilidad para el gobierno.

Pero la cancelación del NAIM va más haya de su factibilidad técnica, ésta se centra en los actos de corrupción aparentes. La Auditoría Superior de la federación, que dirige el oaxaqueño David Colmenares Paramo, hombre de extracción priista y que fue el jefe de la Unidad de Participaciones Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el gobierno de Vicente Fox, indica luego de las auditorías efectuadas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) durante 2017, se efectuaron 19 observaciones por posibles daños al erario público por un monto que va de los 311 millones a los 358 mil 092 pesos, en las inversiones en la construcción del NAIM.

Las discusiones siguen trabadas, las descalificaciones se multiplican sobre el presidente electo y quizá eso no ha permitido ver con frialdad los mejores escenarios para el desarrollo del país. Definitivamente, es necesario recordar que el presidente electo durante su campaña indicó que no invertiría más dinero público en el NAICM y que sí los empresarios deseaban continuar, podrían hacerlo bajo el régimen de concesión; lo que en principio fue rechazada por algunos empresarios, pero que ahora recobra importancia.

Lo cierto es que se puede ir más lejos en las negociaciones. Los empresarios interesados podrían continuar las obras en Texcoco, bajo el régimen de concesión; con lo cual se lograría que el dinero público ya invertido no se fuera a la basura en un “Elefante Blanco” sin sentido, al margen del impacto ambiental de su construcción. Con ello, se garantizaría la continuación de las obras y del empleo que están generando las inversiones actuales en ese lugar.

No olvidemos que la Ciudad de México y la población del país sigue creciendo y, seguramente, en 10 años más, se volverá a discutir la capacidad de los aeropuertos actuales. En ese sentido, por que no pensar en hacer del Aeropuerto Internacional Benito Juárez un aeropuerto militar y hacer de la Bese Aérea de Santa Lucía, el proyecto de un nuevo aeropuerto civil.

Es preferible que las instalaciones aéreas de la PGR, de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército queden aseguradas donde se encuentran ahora, haciendo de ellas un gran espacio de instalaciones militares y darle a Santa Lucía la alternativa de convertirse, exclusivamente, en un Aeropuerto Civil; a partir del cual, se puedan diseñar y construir grandes obra de infraestructura para acercar a los usuarios a la Ciudad de México, como un tren rápido que una a la capital del país con el nuevo aeropuerto y a éste con la ciudad de Querétaro, pensando que algún día pueda llegar hasta Ciudad Juárez. Poner en marcha esas obrar de infraestructura, generaría más empleos que los actuales y reduciría las tenciones entre el nuevo gobierno y los empresarios.

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