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lunes, 24 de septiembre de 2018

Enfoque Global / Una revolución de conciencias para transformar a México

José Luis Ortiz Santillán

El miedo a la inoperatividad pretende neutralizar la iniciativa de reforma administrativa y salarial en la administración pública federal. En 1996 se suponía que la descentralización administrativa del gobierno federal debía conducir a adelgazar la administración central y a aumentar su eficiencia; 22 años después la mayoría de los Estados han asumido funciones que centralmente desempeñaba la federación en áreas como la educación y la salud, por ejemplo. No obstante, lejos de ello, han sido creadas nuevas plazas dentro de las instituciones, entre ellas la Coordinación con Estados y Municipios y Delegaciones en los Estados, a la par de miles de direcciones generales adjuntas (con sueldos desde los 83 mil a los 99 mil pesos) que duplican funciones de direcciones generales (con sueldos desde los 105 mil hasta los 165 mil pesos) y desplazan las funciones de las direcciones de área (con sueldos desde los 49 mil a los 79 mil pesos).

Más aún, la ingeniosa idea de la burocracia y la clase política nacional ha ido más lejos. No sólo se crearon delegaciones del gobierno federal a modo en los Estados, sino que algunas instituciones como la secretaría de economía, de desarrollo social, cultura, turismo o el banco nacional de comercio exterior y hasta NAFIN, han creado delegaciones o misiones en el exterior, propiciando un “trabajo dorado” a quienes están cerca del poder en capitales del mundo como Paris, Madrid, Bruselas o Londres, duplicando las funciones que realizan las embajadas de México alrededor del mundo.

La política de austeridad del nuevo gobierno ha puesto de cabeza a muchas familias que han vivido en la opulencia gracias al erario público durante estos años; algunas con guardaespaldas que hacen funciones de sirvientes. Autos, viajes, remodelaciones de casas, compras de nuevas residencias y apartamentos en el extranjero, seguros, cuentas en dólares, pago de estudios a hijos en las mejores universidades del mundo, negocios, todo ello gracias a fugas de recursos públicos y salarios exorbitantes que han recibido directores de área, directores generales adjuntos, directores generales, jefes de unidad, subsecretarios y secretarios de Estado, que conforman la aristocracia administrativa.

Esta aristocracia administrativa, convertida en grupo de presión, ha optado por pasar a la acción antes que perder sus privilegios. Este fin de semana, un grupo de servidores públicos dio a conocer un documento titulado “Análisis de los lineamientos de combate a la corrupción y aplicación de una política de austeridad republicana”; por supuesto, ninguno de ellos comparte las medidas propuestas por el nuevo presidente; menos aún, ninguno piensa en la forma en que sobrevive la mayoría de los mexicanos y rechazan las ideas del nuevo gobierno que se está instalando en México, las que atentan contra sus intereses y estabilidad económica.

Lo anterior es lógico, el nuevo gobierno está impulsando una revolución ética, de conciencias, a través de los instrumentos de que dispone el Estado para definir las políticas públicas y existe oposición al cambio. El nuevo gobierno se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a extirparla de raíz, a llevar los recursos del Estado a quienes por años han estado en el olvido, a los más de 55 millones de pobres que viven en nuestro país; a darles una oportunidad de vida a los millones de desempleados que sobreviven en la economía informal o delinquen para no morir de hambre, muchos de ellos jóvenes; lo cual es sin duda, una revolución de conciencias, una revolución ética en un país marcado por las desigualdades y los contrastes sociales.

Durante años, las políticas públicas han sido instrumentos para que la clase política nacional se sirva del poder, para hacer de los recursos del Estado un medio de vida y de enriquecimiento personal. Jamás nadie pensó en los ciudadanos y sus necesidades, sólo en la mejor forma de mantener el control de ellos, repartiendo una que otra prebenda, dando uno que otro apoyo en especie o dinero como se ha hecho a través de los programas sociales de la SEDESOL o SEDATU; todo bajo las consignas: “si no te gusta la pobreza no la veas”, “el dinero viene sólo, no te opongas cuando te lo ofrezcan” o te harán a una lado, “coopera no obstruyas” y tantas frases más que ha acuñado la corrupción en México.

Ahora, el nuevo gobierno que inicia ha propuesto que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, gane 108 mil pesos mensuales y las cifras que circulan en los medios indican que existen más de 14 mil 182 funcionarios que superan esa cantidad; mientras que los críticos a las políticas de austeridad del presidente electo hablan de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los burócratas ¿Con sueldos superiores a los 82 mil pesos netos al mes, estará sufriendo la aristocracia administrativa? ¿Y los que apenas ganan 3 mil o 5 mil pesos mensuales en el país cómo sobreviven?
Se ha dicho durante años que, de acuerdo al Artículo 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Los diputados de MORENA han hecho cumplir una de las primeras promesas del presidente electo y aprobado las reformas necesarias al Artículo 127 de la Constitución, estableciendo a través de la Ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la carta magna, que nadie en la administración pública podrá ganar más que el presidente de la república a partir de ahora.

El miedo y la amenaza de amparos, de la probable caída del gobierno, las demandas laborarles y los pagos millonarios por despidos, parecen ser las armas de los grupos del poder que viven del erario público. Sin embargo, sí el gobierno entrante frena el cumplimiento de sus promesas por miedo, si no cree en los miles de cuadros que se han formado desde la oposición en estos años y están listos para sustituir a la aristocracia, sí duda en su capacidad para conducir el nuevo gobierno, en su capacidad para combatir la corrupción y administrar con limpieza la hacienda pública; la frustración podrá invadir las expectativas de los ciudadanos depositadas en él, como ocurrió con el gobierno de Vicente Fox. No crea que sea este el momento del miedo ni de la vacilación, sino de enfrentar la realidad del país para transformarla.

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