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miércoles, 1 de agosto de 2018

Metrópoli Central / Una forma para nombrar consejeros (propuesta)

Mtro. Fernando Díaz Naranjo
Analista político
@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

Un aspecto que ha sido característico de nuestro sistema político mexicano y que, parecería estar tan enraizado que no sólo se encuentra estructurado en diversas legislaciones –según el tema-, sino que bien pudiera confundirse con una tradición mexicana; me refiero a la designación de diversos cargos de nivel en la administración pública federal o, inclusive, en los nombramientos de los titulares de los llamados órganos autónomos.

Un ejemplo de ello, lo constituye el nombramiento de los consejeros electorales del INE, cuyos funcionarios forman parte de un consejo general que es su máximo órgano de dirección y que tiene múltiples atribuciones de gran trascendencia.

De acuerdo con la legislación electoral federal tanto el consejero presidente como el resto de los consejeros electorales del INE, previa atención a una serie de etapas, concluyen su proceso con la designación a cargo de los legisladores federales a través de las llamadas cuotas partidistas.  Al final a nadie dejan convencido y ante los dimes y diretes generados en la máxima tribuna del país, la sociedad ve un proceso lleno de falta de pulcritud.

Un esquema que me parece más exitoso es el procedimiento que derivó en 2014, con la reforma político electoral para la designación de los consejeros presidentes y consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.  De entrada, este mecanismo quito a las legislaturas locales la facultad de nombrar a estos servidores públicos.

El mecanismo que hoy sigue al nombramiento de estas figuras dura aproximadamente seis meses y está basado en etapas que van desde el cumplimiento de una serie de requisitos legales, pasando por un examen de conocimientos en la materia, un ensayo con determinadas características y, finalmente una entrevista a cargo justamente de los consejeros electorales del INE.  Este ejercicio me parece que ha resultado satisfactorio, pero para que fuera plenamente exitoso considero que la entrevista debería estar a cargo de otras instancias que bien podrían ser universidades de prestigio acompañados de organismos de la sociedad civil.

Un esquema como el que se propone podría lograr mayor fuerza legitimadora a los responsables de la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales que se llevan a cabo, de manera local, en las 32 entidades federativas del país.

No estaría de más, buscar un esquema similar para el nombramiento tanto del consejero presidente como del resto de los consejeros electorales del INE, sobre todo con el cúmulo de atribuciones que el legislativo le ha otorgado, entre las que destacaría sólo algunas:

Son los responsables de establecer los distritos electorales y las respectivas regiones (circunscripciones) en que se divide el país electoralmente.
Tiene a su cargo la capacitación electoral.
Es responsable de la fiscalización de ingresos y egresos de los candidatos y los partidos políticos.
Tiene la alta responsabilidad en la integración tanto del padrón como del listado de electores.
Es la única instancia responsable de administrar los tiempos del Estado tanto en radio como en televisión.
Vigila lo relativo a las prerrogativas de los partidos y de las agrupaciones políticas nacionales.
Podría realizar alguna o algunas elecciones locales, de acuerdo a un procedimiento establecido en la legislación electoral.
Realiza el cómputo de la elección de presidente de la República, entre otras tantas más.

Por ello, creo que, ante la latente posibilidad de revisar diversas legislaciones, bien podrían servir estas breves líneas para reflexionar en una forma distinta para llevar a cabo los nombramientos de las figuras de consejeros electorales tanto del órgano federal como de los Institutos electorales de los estados.

El resultado sería un proceso que dejaría fuera tanto a la Cámara de Diputados para el nombramiento de los consejeros electorales del INE y, a estos últimos, también los aislaría de la designación de dichas figuras a nivel local.  La responsabilidad última recaería en los entes que tienen mayor prestigio y credibilidad en nuestro país: nuestras universidades y la sociedad organizada.

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