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martes, 21 de agosto de 2018

¿Cuánto cuesta la descentralización? Parte II

Fernando Hernández Marquina
@fhmarquina

Las dudas sobre la descentralización y las voces críticas contra una de las que podrían considerarse las propuestas emblemáticas del próximo gobierno, han unido a varios sectores de la población en una exigencia de claridad y de transparencia necesarias. La presión ha servido para que comiencen a fluir estimaciones de tiempo y costos que incluiría la eventual mudanza de 13 secretarías y 18 dependencias de gobierno a 31 entidades de la República.

¿Qué es lo que sabemos? El equipo del Presidente Electo ha presentado una ruta con duración de seis años para la descentralización, con un costo estimado de 127 mil 830 millones de pesos a erogarse a lo largo del sexenio. La propuesta incluye la participación del sector privado mediante los Fideicomisos para la Inversión de Bienes Raíces (FIBRA) que también se han usado, entre otros proyectos, para financiar el NAICM. Para iniciar con este traslado, el próximo gobierno estima un gasto de 22 mil 805 millones de pesos sólo en el primer año, que incluiría estudios de factibilidad, sociológicos, antropológicos, urbanísticos, para identificar necesidades de infraestructura, problemas burocráticos, y respaldar la movilización de miles de empleados.

Me gustaría revisar con ustedes, para entender la dimensión de la propuesta de descentralización, el caso de Pemex, que de acuerdo al Presidente Electo se reubicaría en Ciudad del Carmen, Campeche. Dicha ciudad recibiría 116, 601 empleados de la empresa productiva del Estado que, sin contar a sus familiares directos, se sumarían a una población que ronda los 900 mil habitantes. Si tomáramos como promedio a familias de 3 a 4 integrantes, la sola mudanza de Pemex incrementaría a alrededor de 1 millón 300 mil personas el total de la población de Ciudad del Carmen, es decir, más del 40% de la cifra actual. Su infraestructura de vivienda, educativa, de servicios y hospitalaria debería crecer en consecuencia para atender las nuevas necesidades de su población.

En esta localidad, Pemex cuenta con 9 inmuebles de su propiedad, entre ellos un Hospital General y una Clínica de Primer Nivel, contra 37 inmuebles en la Ciudad de México cuyo destino aún no se conoce. En Ciudad del Carmen, existen 106 escuelas primarias púbicas, cantidad que podría ser insuficiente al momento de la llegada de los nuevos habitantes.

A todo lo anterior se sumarán las implicaciones que conlleva la explosión demográfica en una ciudad: encarecimiento de bienes inmuebles, servicios y productos, debido al aumento en la demanda; posible aumento de delincuencia debido al flujo tan grande de personas y el aumento de “áreas de oportunidad” para delinquir; cubrir las necesidades de vivienda e infraestructura en poco tiempo, a precios accesibles y en zonas que no generen impactos ambientales negativos para la ciudad huésped.

El próximo gobierno también deberá tener mucho cuidado con la corrupción, quizá uno de los temas emblemáticos de su campaña, dado que la cantidad de trámites en los que se verán inmersos los empleados en las nuevas ciudades se puede prestar para que sean víctimas de las muchas corruptelas que ocurren en ventanillas y oficinas de gobierno a todos los niveles.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios reveló que, actualmente, sólo 6 ciudades podrían soportar la descentralización: Monterrey recibiría 8,909 trabajadores de la Secretaría de Economía; San Luis Potosí, 55,057 empleados de la SCT; Puebla acogería a 200,003 trabajadores de la SEP; León, 7,051 de STPS. La AMPI consideró que Mérida y Guadalajara podrían recibir sin problema a los trabajadores de Semarnat y de Ganadería, respectivamente, aunque no se tienen cifras estimadas de los posibles empleados a trasladarse en ambos casos.

Por lo que podemos apreciar, aún quedan muchas incógnitas frente al que se vislumbra como un largo y difícil proceso de descentralización. Por ahora, el equipo del Presidente Electo ha podido aquietar las dudas con poca información, sin embargo, dentro de las secretarías y dependencias del gobierno sigue creciendo la incertidumbre: ¿quiénes serán los primeros en irse?, ¿qué condiciones les van a ofrecer a los trabajadores?, ¿cuáles son los incentivos para mudarse?, ¿qué ofrecen para los cónyuges y familiares que también cumplen con un empleo o actividad productiva en la Ciudad de México?, ¿cuántas familias podrán soportar el cambio?, ¿cuántos tendrán que buscar otras oportunidades fuera del Gobierno Federal con tal de mantener su vida como la conocen?

Sigamos alimentando el Debate Puntual en torno a la descentralización para que no queden cabos sueltos a la hora de su implementación. Se necesita de más voces que exijan un proceso bien definido, estudiado, ordenado, transparente y que resulte benéfico para todos los trabajadores del Estado. Que las promesas de bienestar a largo plazo vengan acompañadas de acciones que generen, también, cambios positivos en la vida inmediata de los mexicanos.

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