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viernes, 1 de junio de 2018

Cañazos / Justicia al pueblo veracruzano

Arturo Bárcena Bazán

Mayo fue un mes muy activo para la justicia veracruzana, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal  Jorge Winckler; fueron tres casos, cual más de ellos de vital importancia, los que atrajeron la atención nacional e internacional durante el mes pasado.

El primero se refiere a la orden de aprehensión, solicitud de detención a la Interpol y preparativos para su extradición de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel del municipio de Ranajachel, en el departamento de Solota, en Guatemala, extraditado  a México y preso actualmente en el Reclusorio Norte de la capital del país, después de que el gobierno veracruzano ha recuperado mil 200 millones de los que Duarte se apropió ilegalmente durante su gestión, contando para ello con la ayuda de su esposa Karime y de varios de sus colaboradores, como el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y su ex vocera Gina Domínguez, que permanecen presos.

No es un capricho de Yunes Linares el acusar a Karime, es algo que le exigen miles de mexicanos que ven cómo la ex esposa de Javier Duarte  disfruta de una placentera vida en Londres, que gasta sin trabajar  un millón 600 mil pesos mensuales, aproximadamente, según se deduce de los datos obtenidos por un investigador contratado por Yunes Linares, a quien de inmediato algunos puristas acusaron de haberlo hecho utilizando recursos del gobierno estatal, todo ello con fines electorales. A esos puristas se les olvida que la justicia no está en veda durante la época electoral y si el dinero salió de erario, ya  lo señaló el gobernador Yunes Linares:,  “yo lo pago, igual que como hice con las investigaciones que condujeron a la captura de Javier Duarte” y  la devolución de mil 200 millones de pesos mal habidos.

Los abogados Alfonso Ortega López y Juan José Janeiro Rodríguez declararon hace ya varios meses, el jueves 28 de julio de 2017, que “Karime ordenó constituir empresas fachada ya través de ellas adquirió diversos bienes;era ella quien ordenaba las operaciones ilícitas, para lo cual se constituyeron seis empresas fantasma. Ella era la que decidía cuándo y a dónde iba el dinero. A través de una sociedad fantasma se compraron cuatro departamentos de lujo en el conjunto St. Regis en Nueva York,  valuado cada uno de ellos en 400 mil dólares”. No son afirmaciones del gobernador Yunes Linares, son declaraciones ministeriales de los dos abogados antes mencionados.

Karime, al igual  que como lo sigue haciendo, gastaba a raudales, los abogados afirman que  en una ocasión gastó  48 mil dólares en aretes y 185 mil en un anillo de diamantes.

Se acusa a Karime Macías de haber provocado un daño patrimonial al erario veracruzano por una suma de alrededor de 120 millones de pesos.

Según la representante legal de Karime, la licenciada Brenda Cerro de la Garza, está dispuesta a declarar ante la fiscalía veracruzana, solo que hay que recordar que en diciembre de 2017 Karime envió una carta en la que aseguraba que “está refugiada por voluntad propia en Reino Unido a donde llegó días después de la detención del ex gobernador veracruzano”. En la misiva pedía, ¡vaya descaro!, que el gobernador veracruzano, es decir el pueblo de Veracruz, le regrese todos sus bienes que le fueron incautados durante un cateo  efectuado en el racho propiedad del matrimonio. “ Mucho me temo que las autoridades sembraron los bienes incautados, como fueron pinturas, esculturas, escrituras de varios inmuebles, “Me he visto obligada a dejar mi país y estado  a propósito de una persecución que riñe con el Estado de Derecho, encabezada por el titular del Ejecutivo estatal y otras autoridades”. Karime no ratificó con su firma esta carta que envió al fiscal Winckler y sí en cambio solicitó asilo político al Reino Unido.

Karime ya está ubicada, toca a la Interpol proceder a su detención y no permitir que huya.
El otro asunto sobresaliente en el mes de mayo es  el ofrecimiento que hace el gobierno de Veracruz, de una recompensa de cinco millones de pesos a quien proporcione informes que conduzcan a la detención del fiscal en funciones durante el gobierno de Javier Duarte y que responde al nombre de Luis Ángel Bravo Contreras, a quien la fiscalía acusa de haber ordenado a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados en la barranca de la Aurora, municipio de Emiliano Zapata.

El tercer caso se refiere a la recompensa, también por cinco millones de pesos, a quien o  a quienes proporcionen informes que conduzcan a la captura de Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bukanans, presunto líder huachicolero y responsable del descarrilamiento del tren de Ferromex, perteneciente a Grupo México, presuntamente por un sabotaje,  en la zona de Acullzingo, en los límites de Veracruz y Puebla.

Son tres casos en que la ciudadanía de Veracruz y del país en general esperan sean llevado ante el juez  los presuntos responsables para  que respondan de los cargos que se les imputan y no pasen a formar parte del 98 por ciento de los casos que quedan en la impunidad, según datos oficiales.

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