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viernes, 16 de marzo de 2018

Cañazos / Piden cárcel entre ellos, pero se olvidan de ellas

Arturo Bárcena Bazán

Algunos aspirantes a la Presidencia de la República acusan a sus adversarios de varios delitos y piden a las Procuradurías General de la República y estatales que investiguen y lleven a proceso a los implicados; lo mismo hacen algunos candidatos a la gubernatura de nueve estados y a las presidencias municipales que estarán en juego el próximo primero de julio. Sus campañas se han basado en denunciar corrupción, impunidad, economía, seguridad, inseguridad, transparencia pero un tema medular y de gran importancia, como es el de las prisiones, llámense cárceles municipales, reclusorios o de máxima seguridad  –cuya atención corresponde a la Secretaría de Gobernación, una de las tres comprometidas en la paz social al interior del país, las otras dos son  las Secretarias de la Defensa Nacional y la de Marina Armada de México– no ha sido tocado por ninguno de los candidatos de todos los niveles y las cárceles es uno de los mayores problemas en nuestro país.

Lo que caracteriza a las prisiones en México no es su seguridad o su infraestructura. No, su característica es que en casi todas, salvo honrosas y escasísimas excepciones, se distinguen por su hacinamiento, deficiente infraestructura, mala alimentación, extorsión de los custodios y demás autoridades penitenciarias a los internos, amigos  y  parientes que los visitan, , falta de programas para su reinserción a la sociedad, por torturas, maltrato y los cotos de poder y autogobiernos por parte de algunos internos, que cuentan con el apoyo y protección de las autoridades del penal, que se llaman sorprendidas cuando autoridades federales hacen revisiones sorprendentes dentro del penal  para decomisar armas, drogas  o celulares.

Son las cárceles del Estado de México las que se llevan el primer lugar a nivel nacional en cuanto a las deficiencias antes señaladas. Con el nuevo Sistema de Justicia, hasta finales de 2017 habían sido liberados 13,134 internos, cifra insignificante para disminuir el  hacinamiento.

El Movimiento Nacional de prevención de la Tortura ha señalado todo ese tipo de deficiencias en los Centros Preventivos y de Readaptación Social ubicados en Almoloya de Juárez, Bordo de Xochiaca, Ecatepec, Chalco, Texcoco, Valle de Braco, Otumba, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, todas ellas en Edomex.

Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Jalisco, Tabasco, Veracruz – donde habrá elecciones para gobernador en este año -   así como Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y en especial el Estado de México, son las entidades federativas cuyas cárceles de baja capacidad presentan las peores condiciones en cuanto infraestructura y administración interna, según denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La ONU, en sus Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocida como Reglas Mandela, indica que en las 358 prisiones que hay en México viven 204, 617 internos; de ellos, en alrededor del 40% viven en condiciones de hacinamiento, provocado en algunos casos por las autoridades del Poder Judicial, con jueces faltos de criterio que sentencian a indígenas sin proporcionarles un traductor de su lengua al castellano, lo que seguramente sucede durante las investigaciones de la PGR. Recuerdo que allá por los primeros días de diciembre de 2017 se dio a conocer que la indígena oaxaqueña Adela García Carrizosa permanecía recluida –ignoro si aún lo está  pues las autoridades responsables no me pudieron informar – desde el año 2009, sentenciada a 20 años de prisión por un delito que se ha comprobado que no cometió, Permanecía en el penal de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca. Y como su caso, hay varios.

Los cotos  de ´poder y el autogobierno que realizan algunos internos dentro de los penales son también un grave problema que los candidatos que participarán en las elecciones de julio próximo; son temas a los que no les han dado la debida importancia, podríamos asegurar que los han ignorado o lo que sería peor, carecen de información al respecto. Los de alta seguridad y secundarios de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Edomex son los estados donde ha habido mayor número de motines, que han provocado varios muertos.

Cuál es la propuesta de Meade, Anaya, López, Zavala, Rodríguez o Ríos para que las cárceles dejen de ser cotos de poder, autogobiernos, centros de extorsión,  de corrupción y al mismo tiempo que se  mejoren las condiciones  de vida de los internos y una mejor infraestructura carcelaria. Lo ignoramos.

La semana pasada el Senado de la República parce que da el primer paso para mejorar la vida en las prisiones  al anunciar que se creará el primer grupo de profesionistas que se encargará de monitorear las prisiones, todo centro de reclusión y los cuerpos policiacos, a fin de evitar la tortura o tratos crueles e inhumanos. Algo es algo.

Ahí tienen candidatos presidenciales un tema a tratar.

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