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viernes, 26 de enero de 2018

Ley de Seguridad Interior atenta los derechos humanos

Al participar en el ciclo de conferecias y conversatorios, “Análisis y Revisión de la Ley de Seguridad Interior”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Superiores  en Derecho Penal (INDEPAC), el Ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, manifestó que el documento atenta a los derechos humanos, no ayuda ni al Ejército ni a nadie, está mal redactado, y debe rectificarse: -“Ningún artículo de ésta Ley contempla cuidar y proteger a la ciudadanía”. Abundó que el artículo dos del ordenamiento jurídico, define Seguridad Interior de forma inexacta, pues establece cualquier actividad colectiva o individual, que ponga en riesgo la democracia o el funcionamiento de las instituciones, como pasa hoy mismo en varias regiones.

Por su parte el Profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Martínez Bullé-Goyri; aseguró que el Ejército es chiquito: - “Su competencia no es estar en las calles, por ello las autoridades civiles, deben ser quienes retomen el control de la seguridad”. Agregó que ésta Ley consta de 34 artículos, de los cuáles la Comisión Nacional de Derechos Humanos está impugnando 19, más tres transitorios: -“Una Ley que supuestamente es para darnos seguridad, nos pone en riesgo, y es patente el autoritarismo de quienes gobiernan”. Y señaló que en México menos del uno por ciento de los delitos que se cometen, terminan siendo castigados.

En su oportunidad, el Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Gustavo López Montiel, dijo que la Ley de Seguridad Interior tiene una intención política: -“Se construyó por la necesidad que había para dotar al Ejército de una base para su actuación, al sacarlo de los cuarteles.”

Finalmente el Director General del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), y ex Sub procurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, doctor Mario Ignacio Álvarez Ledezma, enfatizó que la Ley de Seguridad Interior es una solución desesperada, ante la imposibilidad de adoptar un decreto ejecutivo en materia de suspensión de derechos humanos y garantías, previsto por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suspensión que desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, era menester emitir, para aplicar la ley y facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas, sin violar derechos humanos en aquellas partes del territorio nacional, donde la delincuencia organizada ha sentado sus bases. Y agregó: -“Aún peor, la Ley de Seguridad Interior, faculta a la autoridad federal a realizar investigación interior, sin ningún tipo de control”.

La Ley de Seguridad Interior está en espera de la resolución de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vulnera también  el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales previstos en la Constitución, entre otros.

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