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Sunday, January 7, 2018

Incorporan a leyes toque ciudadano

Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales.

Dominados por el PRI, hasta hace unos años, el Senado y la Cámara de Diputados se sujetaban a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaban, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.

Sin embargo, los vínculos entre el Legislativo y los ciudadanos para crear y modificar normas comenzaron en diciembre de 1994 con la reforma al Poder Judicial de la Federación y se reforzaron en 2012, cuando el Senado convirtió 90% de las propuestas de la sociedad civil en la primera Ley General de Víctimas.

Entre los ordenamientos que se han concretado durante los últimos años, gracias a la participación ciudadana y de expertos, están la reforma al sistema de justicia penal, la primera ley contra la trata de personas y la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal, entre otras.


ANTES SÓLO ERAN ATENDIDAS LAS VOCES DE LOS LEGISLADORES
CIUDADANOS TEJEN  LEYES

CIUDAD DE MÉXICO. Con episodios que llegaron a la confrontación y el acoso hacia los legisladores federales, la relación entre el Congreso de la Unión y la sociedad activa en asuntos públicos, especialistas y académicos permitió que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de ciudadanos interesados en los temas que procesa el Poder Legislativo.

La relación productiva entre el Poder Legislativo y los ciudadanos para la construcción de leyes y reformas comenzó a escribirse en diciembre de 1994, en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación; tuvo su máxima expresión en 2012, cuando el Senado avaló 90% de las propuestas de ciudadanos y las transformó en la primera Ley General de Víctimas.

PUNTO DE QUIEBRE

Pero esta relación creciente y productiva tuvo dos momentos de quiebre en 2017: uno, cuando un conglomerado de activistas agrupados en #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ordenó a los legisladores federales aprobar un “dictamen” elaborado por ellos en torno a la nueva Fiscalía General de la República; y el segundo, cuando otros conglomerado de activistas, agrupados en #SeguridadSinGuerra, emprendió la estrategia de enviar centenares de correos electrónicos a los legisladores federales para exigirles que no aprobaran la Ley de Seguridad Interior, lo que fue considerado por los legisladores como acoso.

Y en esta historia de 23 años ha sido evidente que es el Senado, más que la Cámara de Diputados, la cámara del Congreso de la Unión que se caracteriza por abrir los temas al debate de los grupos interesados, o al menos convoca a foros y audiencias para conocer los diferentes puntos de vista en temas que incluso han tenido que frenarse o prolongarse; como le ocurrió a la Ley General de Archivos, que ya estaba a punto de ser aprobada cuando los especialistas de la UNAM, de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación Superior, Fundar y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pidieron una prórroga, la cual lograron, y un año después se aprobó por unanimidad en el Senado y ahora está a la espera del aval de los diputados.

Dominado por una mayoría absoluta de los priistas, el Congreso se sujetaba a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaba, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.

Fue en 1977 cuando el Congreso de la Unión procesó un tema que interesó a muchos sectores políticos. La Reforma Política propuesta por José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, fue uno de los temas que sumó opiniones diversas. Sin embargo, el dominio de la mayoría priista dejaba las decisiones en manos de la voluntad del gobierno y sus legisladores federales.

APLANADORA TRICOLOR

Pero fue esa reforma la que permitió que la pluralidad política llegara al Congreso de la Unión y desde tribuna se escucharan las voces discordantes con las propuestas presidenciales, aunque eran insuficientes para vencer con el voto la voluntad de la mayoría. “La aplanadora priista” fue el apodo que la oposición de izquierda y derecha indilgó a la mayoría priista, que dominó al Poder Legislativo federal hasta 1997, cuando la oposición sumó sus fracciones para integrar una mayoría opositora, por primera vez.

Entre 1977 y 1994, el Congreso de la Unión proceso reformas constitucionales y leyes que tuvieron la mayoría absoluta del PRI, incluso en temas polémicos que se debatieron fuera de las sedes legislativas, entre grupos de académicos de universidades públicas principalmente, pero que tenían poco impacto en la decisión de los legisladores, como ocurrió con las reformas constitucionales que terminaron con el reparto masivo de tierras y modificó la relación entre la Iglesia y el Estado, así como la serie de privatizaciones de empresas paraestatales.

De acuerdo con la revisión hecha por Excélsior a los dictámenes de las principales reformas procesadas en el Congreso desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que realizó cambios a 34 artículos constitucionales, los legisladores federales no abrían audiencias públicas o foros; sólo se consigna en los documentos legislativos que debatían entre ellos, porque son ellos los únicos que tienen la representatividad constitucional del voto ciudadano.

LA NUEVA ERA

Pero fue en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando los senadores abrieron la nueva etapa de escuchar a los ciudadanos. En el dictamen aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 1994, las comisiones informan que abrieron una consulta con especialistas en Durango, realizado el 14 de diciembre, pero además, tomaron en cuenta las propuestas enviadas por los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lograron a partir de un foro que congregó a los principales constitucionalistas del país.

Así, esa reforma es la primera que deja constancia en un dictamen que se tomó en cuenta opiniones fuera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Pasaron 23 años desde entonces. La mayoría priista se mantuvo con la aplanadora como fuerza legislativa y logró decisiones que todavía generan críticas, como el aumento del IVA de 10% a 15%, en marzo de 1995, en medio de la crítica de la oposición; o la aprobación para el uso del Fobaproa —creado en 1990— para que el Estado absorbiera la deuda de los clientes de los bancos y evitar así su quiebra.

El dominio de la oposición a partir de 1997 generó que las decisiones legislativas ya no fueran tan sencillas. Ernesto Zedillo, por ejemplo, nunca pudo concretar su reforma eléctrica; Vicente Fox y Felipe Calderón se confrontaron con el Poder Legislativo por frenarles iniciativas.

Pero mientras el Congreso de la Unión polemizó con el Ejecutivo federal, se abrió cada vez más a la participación de grupos sociales.

Fueron las Legislaturas LX y LXI en el Senado las que marcaron esta nueva característica del Poder Legislativo, pues si bien en las 508 leyes y reformas que aprobó hubo cabildeo del Ejecutivo y de grupos de interés, en 25 de ellas hubo foros y audiencias públicas, que mostraron momentos de alta tensión, como cuando pretendieron frenar parte de la Reforma Electoral que prohibió la compra de espacios en radio y televisión para la propaganda de los partidos políticos; entre quienes se reunieron en esos históricos diálogos públicos de septiembre de 2007 estuvieron representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Sin duda que una de las primeras decisiones del Senado que tuvieron la apertura hacia los especialistas fue la reforma al sistema de justicia penal, que dio origen a los juicios orales, entre otras características de este nuevo sistema; en ella participaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del ITAM y del CIDE.

Las pensiones del ISSSTE, el narcomenudeo, el combate contra la explotación sexual infantil, la reforma fiscal de Felipe Calderón, la primera Ley contra la Trata de Personas, el Fomento a la Lectura y el Libro, reformas a la Ley de Migración, la Extinción de Dominio; la Ley General de la Policía Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley para el Control del Tabaco; la Justicia para Adolescentes, la Ley de Amparo, las Acciones Colectivas, la Libertad Religiosa, y la reforma integral en materia de derechos humanos, Ley General de Turismo y la Ley para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas fueron algunas de las consultadas con especialistas, académicos y activistas.

LAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Pero tres fueron altamente significativas, porque los senadores de entonces aceptaron por primera vez sugerencias de textos.

Una fue la reforma petrolera del 2008, conducida por el senador Francisco Labastida Ochoa, que abrió un mes de discusión con decenas de especialistas, políticos, exfuncionarios del sector, activistas, técnicos, exlegisladores y legisladores y que dio origen a la primera gran reforma del entonces intocable sector energético, en su arista petrolera.

La segunda fue la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, porque en ella participaron por primera vez las organizaciones ciudadanas. Esta reportera fue testigo de cómo los entonces senadores del PRI, Jesús Murillo; del PAN, Alejandro González Alcocer; del PRD, Tomas Torres, se reunieron con Alejandro Martí e Isabel Miranda, primero para la reforma que obligó al registro de todos los dueños de teléfonos celulares y a su geolocalización, y después para crear la ley contra el secuestro, donde también participaron otras organizaciones sociales.

Y la tercera fue la Ley General de Víctimas, creada en el Senado, al transformar las propuestas concretas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, en un dictamen, luego de cuatro reuniones altamente ríspidas entre las víctimas del delito y los legisladores federales; la primera de ellas incluso llegó a los gritos por parte de los familiares de las víctimas.

Pero, sin duda alguna, son los actuales senadores quienes han abierto más la sede del Poder Legislativo a la opinión de los ciudadanos.

PARTICIPACIÓN CONSTANTE

Entre 2012 y 2015, la LXII Legislatura aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación 288 reformas y leyes; en 61 de ellas hubo una participación constante de los sectores involucrados, lo que representa que 21.1% de la producción legislativa de ese periodo tuvo la marca de los ciudadanos, especialistas y académicos.

De esas 61, destacan la Ley contra el Lavado de Dinero —que fue herencia de la LXI Legislatura y fue ésta la que hizo los foros con notarios públicos, joyeros, dueños de casas de apuestas, fiscalistas e investigadores internacionales, entre otros—, la Reforma Laboral, en la que participaron los sindicatos de todo el sector privado.

También han tenido participación de especialistas la justicia para adolescentes, la Ley de Sociedades Cooperativas; la segunda versión de la Ley General de Víctimas; castigo a delitos cometidos contra periodistas; la reforma en materia de competitividad; reforma en materia de telecomunicaciones; todo el paquete de la Reforma Educativa, la contabilidad gubernamental; la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma en materia de trasparencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Reforma Financiera, el Código de Justicia Militar —que incluyó a los propios militares—, la reforma política de Ciudad de México, en la que participaron hasta exsenadores y exfuncionarios capitalinos.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participaron la Unicef, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas; la actual responsable de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, de Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, participaron especialistas de la UNAM y el CIDE; Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, participaron con opiniones el Centro de Excelencia Monarch México; Asociación Iluminemos de Azul, Teletón y Apapache Autismo, entre otras; la reforma para contener la deuda pública de estados y municipios incluyó las opiniones de gobernadores, presidentes municipales, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valore.

La reforma constitucional anticorrupción y todas las leyes que de ella emanaron registró la participación activa de organizaciones como Transparencia Mexicana, Fundar, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras.

Y en la actual Legislatura LXIII, que corre desde el 1 de septiembre de 2015, el Congreso suma 233 decretos, de los cuales, el 24.8%; es decir, la cuarta parte, que suman 58, tienen la huella ciudadana más evidente, aunque ya es un hecho que todos los temas reciben opiniones, ya sea para declarar días de recuerdo para causas específicas o para los tratados y acuerdos que ratifica el Senado.

Las leyes de Desaparición Forzada y Contra la Tortura contaron con la participación de decenas de organizaciones de víctimas y sus familiares, como Guadalupe Aguilar, Jorge Verástegui y Adriana Baena, entre muchos más, cuyos relatos de vida fueron fundamentales para que el Senado diseñara junto con la Secretaría de Gobernación, los conceptos que se incluyeron en ambas leyes.

Entre la gama de las 58 decretos que tienen la huella ciudadana están la Ley del Derecho de Réplica, la transparencia en materia de investigación científica, transición digital, cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor, reconocimiento a los derechos de las parejas del mismo sexo en servicios del IMSS y el ISSSTE, el Código Militar de Procedimientos Penales y toda la gama de adecuaciones por el nuevo sistema de justicia penal.

Para la aprobación de la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal fueron necesarias muchas discusiones en las que participaron expertos, médicos, activistas y pacientes, como Raúl Elizalde, padre de la niña Grace; la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; el Consejo Nacional contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, entre una veintena de activos particpantes en estas decisiones legislativas,

También la Ley Nacional de Ejecución Penal; la tercera versión de la Ley General de Víctimas; Sanciones a las aerolíneas que no respeten los derechos de los usuarios; la desindexación del salario mínimo; la Ley General de Cultura y los Derechos Culturales; sanción a la cobranza extrajudicial y la Ley de Seguridad Interior.

ABREN LA PUERTA HASTA A SINDICATOS

Así, en estos últimos años, al Senado han acudido sindicatos de los sectores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil; agrupaciones altruistas y de atención a grupos vulnerables; organismos internacionales especializados; juristas, ambientalistas, científicos, tecnólogos, familiares de víctimas; sobrevivientes de la delincuencia; militares, empresarios, cuyas opiniones han llevado a los legisladores a incluirlos en las redacciones de las leyes y reformas que están ahora vigentes.

Y en esta decisión de abrir lo más posible los temas legislativos, está la decisión de los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones políticas del PRI, PAN, PRD, PT y Partido Verde.

De igual forma, los presidentes de todas las comisiones, pero por el número de temas que llegan a ellas y que procesan, han sido las comisiones de Gobernación, de Cristina Díaz; de Justicia, de Pilar Ortega; de Derechos Humanos, de Angélica de la Peña; para la Igualdad de Género, de Diva Gastélum; de Anticorrupción y Participación Ciudadana, cuando la presidía Pablo Escudero; de Educación, de Juan Carlos Romero Hicks; de Ciencia y Tecnología, de Patricio Martínez y Puntos Constitucionales, de Enrique Burgos, las que más activas están en la apertura para escuchar a los grupos ciudadanos.

ESCRITAS CON TINTE CIUDADANO

Entre las leyes y reformas que han tenido participación ciudadana, entre ellos especialistas y académicos, están la reforma al Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, tres fueron altamente significativas:

La reforma petrolera de 2008, conducida por el senador Francisco Labastida Ochoa, que abrió un mes de discusión con decenas de especialistas; la segunda fue la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la tercera fue la Ley General de Víctimas, creada en el Senado, al transformar las propuestas concretas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia.

Las leyes de Desaparición Forzada y Contra la Tortura contaron con la participación de decenas de organizaciones de víctimas y sus familiares, como Guadalupe Aguilar, Jorge Verástegui y Adriana Baena, entre muchos más, cuyos relatos de vida fueron fundamentales para que el Senado diseñara junto con la Secretaría de Gobernación, los conceptos que se incluyeron en ambas leyes.

Fuente: Excelsior.

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