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lunes, 13 de noviembre de 2017

Seguridad y Gobierno / Poder Judicial Federal, derechos humanos y democracia local

Romeo Déctor García*
Twitter @dector72

No cabe duda que la materia laboral plantea importantes temas en materia de gobierno y política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de noviembre del 2017 resolvió un incidente de inejecución de una sentencia de amparo, relacionada con una demanda original de trabajadores-servidores públicos del órgano desconcentrado (demarcación territorial aún Delegación) de la Ciudad de México en Venustiano Carranza.

Independientemente de las peculiaridades que la Ley de Amparo tiene para identificar si la sentencia respectiva tuvo pleno cumplimiento, parcial o estuvo en vías y de sí en algún momento se pudo haber requerido al superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, resulta importante hacer algunos comentarios. Veamos:

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (en mi opinión aún vigente, en tanto no entren en funcionamiento las nuevas Alcaldías) señala que las demarcaciones territoriales son órganos desconcentrados del gobierno cuya coordinación, en sentido amplio, corresponde a la Secretaría de Gobierno, ello al margen de que el Jefe Delegacional haya obtenido el cargo por voto popular.
A los fines del amparo, en algún momento el superior jerárquico de la autoridad responsable podría ser requerido para buscar dar cumplimiento a la sentencia. Esto me lleva a decir que el superior jerárquico de un Jefe Delegacional lo es el o la titular de la Secretaría de Gobierno.
El caso mencionado, por no conocer el expediente ni lo intrincado de sus diferentes momentos desde la demanda original, permite especular que la rebeldía para no cumplir pudo haber implicado imposibilidad (material o jurídica) para que el superior jerárquico del Jefe Delegacional interviniera para buscar dar cumplimiento a la sentencia.
La Ley de Amparo permite el llamado cumplimiento sustituto, y la pregunta a formular sería ¿De qué alcance es la sentencia de amparo que a la fecha no pudo haber sido cumplida ni siquiera mediante la modalidad predicha que haya originado incluso la eventual ausencia en la intervención del superior jerárquico?.

Por otra parte, osando opinar sobre un tema que conozco poco, me parece que lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, respecto a solicitar la separación del cargo de un Jefe Delegacional; así como la consignación del expediente a un Juez de Distrito en materia de Procesos Penales Federales puede dar lugar a identificar lo siguiente:

Primero.- Que la Corte se erige ab initio como Fiscal (u Ministerio Público), en cuyo caso debe contar con algún área que haga, mutatis mutandi, esa función y por ende consignar como se llamó en otro tiempo el expediente, o promover el auto de vinculación a proceso si es que esto ya es aplicable en ese tipo de asuntos. En cuyo caso habrá de perseguir el delito correspondiente ante sí misma (los Jueces de Distrito forman parte de la organización del propio Poder Judicial Federal).

Segundo.- Que el Juez de Distrito deba ponderar el expediente y por ende abrir las etapas del proceso judicial correspondiente; la gran interrogante es esta: ¿Podría no obsequiar el auto de formal prisión y/o de vinculación a proceso si es que llegara a determinar que no se integró el tipo penal correspondiente?.

Tercero.- ¿Operaría la suspensión de derechos político-electorales del Jefe Delegacional que se ordenó separar, si es qué el juez otorga el auto que he mencionado?, ¿cómo y de qué manera se haría efectiva?.

Sería relevante saber si se hizo requerimiento o puso en conocimiento el caso, al eventual superior jerárquico o de qué manera se excuso o justificó la inexistencia de este por parte del Gobierno de la Ciudad de México ahora o antes del Distrito Federal (en medios se ha dicho que el asunto lleva 13 años).

Cabría preguntar también si existe en los presupuestos delegacionales, partidas específicas o capítulos de gasto para hacer frente o algún fondo o fideicomiso a los cuales se pueda recurrir para enfrentar pagos de salarios caídos o indemnizaciones que deriven del cumplimiento de sentencias de tipo administrativo, laboral o del tipo que trato en el presente artículo, para evitar que la democracia se altere con la separación de servidores públicos electos por voto popular.

Es de advertir que el Poder Judicial tiene su propia dinámica, en este caso su reciente resolución sacude no sólo el mundo de los Abogados, también la funcionalidad de un órgano de la administración pública, además de la propia democracia local y en particular a la aún Asamblea Legislativa ya que deberá atender el caso del anterior Jefe Delegacional.

Aunque lo fundamental es que ahora sí se de cumplimiento a la sentencia de amparo y no se siga aplazando la justicia en demérito de los derechos humanos.

* Experto en gobierno y asuntos públicos.

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