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jueves, 16 de noviembre de 2017

Notarios de la CDMX interponen queja ante la CNDH

El día de ayer, miércoles 15 de noviembre, más de 120 notarios de la Ciudad de México, a los que seguirán diversos notarios del resto del país, interpusieron ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Luis Raúl González Pérez, una queja por violaciones a sus derechos humanos imputables a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

El origen de dichas violaciones lo constituyen las opiniones y recomendaciones emitidas por la actual Comisionada Presidente, Alejandra Palacios Prieto y otro de sus Comisionados, Alejandro Faya Rodríguez. Opiniones y recomendaciones que se dieron por omisión de lo prescrito por la fracción XII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), al no observarse los procedimientos regulados en dicha Ley, vulnerándose así la garantía de legalidad, y por consecuencia, el derecho humano al debido proceso de los notarios.

Entre dichas opiniones, una de las más graves, sostiene que la coligación obligatoria del gremio notarial daña la economía del país por sus efectos negativos para la competitividad y el emprendimiento.

Es debido a lo anterior, que los notarios de la Ciudad de México han solicitado al Ombudsman Nacional la adopción de medidas cautelares a fin de frenar la campaña de desprestigio que desencadenó la COFECE y cuyos negativos efectos, de continuar, habrán de producir daños de imposible reparación para los notarios, su imagen y la actividad notarial en su conjunto.

Cabe señalar que el origen de estas violaciones se halla en el hecho de que, indebidamente, la COFECE hizo suyas las conclusiones del trabajo que resultó ganador del ”Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, trabajo intitulado “Leyes estatales que regulan los servicios notariales”.1 Conclusiones que aparecieron en el sitio oficial de dicho organismo y en múltiples medios de comunicación, sosteniendo, que la regulación estatal de servicios notariales perjudica a los ciudadanos generando precios más altos dada la escasez artificial de notarios, y que la colegiación obligatoria de los notarios facilita el intercambio de información y la formación de acuerdos entre ellos para fijar precios.

La violación a la garantía de legalidad y al debido proceso de los notarios, atenta contra los derechos humanos contenidos en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1º, 14, 16, 17, 28 y 133) e, incluso, contraviene jurisprudencia (sentencia Baena Ricardo c. Panamá y la Opinión Consultiva OC-8/87), obligatoria para México, emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la cual señala que:

“(…) cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

(…) En cualquier materia la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos.

Asimismo, al cuestionamiento a la colegiación o afiliación obligatoria de notarios, constituye una violación al derecho humano a la libertad de asociación profesional.

Esta violación implica una injerencia indebida que atenta contra el desempeño de las funciones profesionales del notariado, contraviniendo los derechos humanos protegidos por diversos dispositivos de la Carta Magna Mexicana (artículos 1, 9, 7, 9, 133) e, incluso, también transgrede la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 16) y jurisprudencia obligatoria de la ya citada Corte Interamericana (Opinión Consultiva OC-5/85) que, al respecto, específicamente ha establecido:

(…) la matriculación en el Colegio Público es una función pública y que, por razón de esta condición dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio (…). Se trata, pues, de la actividad propia de un ente público con carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público que actúa en nombre y representación del Estado.

Por ende…la Corte Interamericana concluye, que la colegiación obligatoria de abogados es “…compatible con las existencias del bien común en una sociedad democrática” y por tanto con el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los notarios de la Ciudad de México consideran que la naturaleza y función que realizan no debe someterse, exclusivamente, a un análisis de orden económico, lo que ha conducido a calificar diferentes aspectos de la actividad notarial como perjudiciales para los ciudadanos y contrarios a la competitividad y el emprendimiento. Descalificaciones que vienen produciendo un grave daño a la imagen de los notarios y, por ende, al desarrollo de su función.

La COFECE estaba obligada, por ley, a realizar un análisis mucho más cuidadoso respecto del papel que juegan los notarios en la economía del país. Análisis que podría haberse llevado a cabo si esa Comisión hubiera querido conocer la opinión, los argumentos y puntos de vista del gremio notarial. Situación que habría sido posible de haberse respetado el derecho de éste a ser oído, circunstancia que
seguramente habría matizado y colocado, en su justa medida, el modo y manera en que la función notarial contribuye a la competitividad.

Los notarios de la Ciudad de México que han interpuesto su queja ante la CNDH no pretenden más que defender sus derechos humanos y con ello, por extensión evitar que en aras de la supuesta competitividad económica se sacrifiquen valores de singular trascendencia social que la función notarial, desde antiguo, salvaguarda, prestando así un invaluable servicio a la sociedad mexicana.

En efecto, la función notarial es responsable de una asesoría jurídica especializada de quienes hacen uso de sus servicios; salvaguarda la fe pública -piedra de toque de una actividad económica respetuosa de los derechos económicos de las personas-; da certeza y seguridad jurídicas; hace posible la
recaudación de impuestos a favor de la hacienda pública; vigila la igualdad jurídica nde los actos jurídicos llevados a cabo ante él, e, incluso, realiza actividades de prevención delictiva, combatiendo con ello por ejemplo, el llamado lavado de dinero.

1 Comunicado COFECE-46-2017. https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/leyes-estatalesde- notarios-ganadoras-del-premio-para-identificar-el-obstaculo-regulatorio-mas-absurdo-para-competir-y-emprender.

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