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miércoles, 11 de octubre de 2017

Seguridad y Gobierno / Fenómenos naturales, democracia y mejor gobierno

Romeo Déctor García*
Twitter: @dector72

Nuevamente la naturaleza nos invita a conocerla más para poder arrancarle sus secretos; esto lo considero así derivado de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre; en particular del segundo que por su epicentro y efecto en Morelos, la Ciudad de México y el Estado de México muestran la fragilidad de algunas de las obras humanas.

Desde conocer la magnitud (energía liberada) o intensidad (efectos), y pasar a identificar las ciencias Geofísica o la Geología y la existencia de placas tectónicas, por ejemplo, hasta las múltiples evidencias del impacto de los sismos, desde acabados fracturados o caídos en casas o edificios, varios de estos derrumbados o, en lugares como Amecameca México dónde las principales construcciones que cayeron fueron muros de adobe o techos de madera o bien afectaciones en centros de culto antiguos.

Del fenómeno natural del 19 de septiembre y sus efectos en la urbanización pasamos a las impresiones psicológicas de miedo y la reacción de querer llegar con la familia o los seres queridos, lo que generó saturación vial, producto también de la incertidumbre derivada de la falla en las telecomunicaciones. Concomitante a ello las acciones humanas de solidaridad para tratar de apoyar a los afectados o auxiliar en el rescate de personas o cuerpos atrapados entre los escombros.

De la solidaridad inmediata se desprendieron acciones más pensadas o planeadas para organizar centros de acopio y captar donaciones en especie, coadyuvar con elementos técnicos o profesionales para la revisión de viviendas, inmuebles o lugares de concentración humana; sucesivamente organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja dieron a conocer cuentas bancarias para la recepción de donativos en numerario.

La respuesta gubernamental se vio en la aplicación desde el ámbito federal del Plan Mx (Plan DNIII, Plan Marina u otros más) y en lo local, por lo que corresponde a la Ciudad de México, a la Declaratoria de Emergencia en un primer momento y en recientes días del llamado Plan de Reconstrucción, el Estado de México también formuló una declaratoria de emergencia.

Por otro lado, se comenzó a mencionar el tema de los seguros y, por ejemplo, en reunión de seguimiento entre autoridades federales y locales tuvo intervención uno de los directivos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros quien describió las acciones, coberturas y montos de los reaseguros, de varios puntos más.

En la efervescencia de las reacciones se entretejieron iniciativas para ofrecer por parte de partidos políticos donar recursos del financiamiento público que se les otorga, para apoyar a los damnificados o aquellas que pidieron suprimir dicho financiamiento del año 2018, de otras más e incluso quien planteó la modificación del sistema electoral en la Cámara de Diputados para reducir el número de Diputados de Representación Proporcional.

Después se comenzaron a recorrer algunos velos y se supo que el Fondo Nacional para Desastres Naturales no cuenta con recursos, acaso que el gobierno de la Ciudad de México si dispone de entre 3000 o 4000 millones y que la ayuda para la reconstrucción está limitada, en el caso de los particulares, a apoyos reducidos en renta o promoción de financiamiento hipotecario con tasa preferencial y para comercios algunas facilidades fiscales, de algunas políticas públicas más.

A 21 días del 19 de septiembre (artículo elaborado el 10-10-17) se sabe que en CDMX existen carpetas de investigación por homicidio, fraude u otros tipos delictivos contra propietarios, constructoras o desarrolladores inmobiliarios; que los damnificados deben acreditar (de algún modo) la propiedad o posesión de bienes para poder recuperarlos del Ministerio Público e incluso que afectados pero 1985 apenas recibieron nueva vivienda o auxilio de gobierno.

Las lecciones socio-políticas del sismo del 19S deben ir más allá de lo inmediato, pasar de la búsqueda y rescate, al registro de afectados e inmuebles y la reconstrucción, a revisar profundamente el sistema político y normativo, que pueda comprender lo siguiente:

Mayor claridad en la Ley de Contrato sobre Seguro, en su vínculo con INFONAVIT o FOVISSTE sobre la atención de coberturas y la eventual intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor con relación a quejas por defecto en construcciones.
Revisar la funcionalidad de los registros públicos de la propiedad y del comercio para que en este tipo de casos se pueda obtener copia certificada de manera ágil de alguna inscripción, colateralmente los Notarios ofrecer servicios sin cobrar honorarios. Analizar adecuadamente la funcionalidad de los catastros municipales (y los que existan en la CDMX) e identificar la forma como podrían operar armónicamente con los primeros para evitar casos de falsos damnificados o retraso en la atención de quienes sí lo necesitan.
Unificar (como me he pronunciado desde hace tiempo en nuestra querida Revista Libertas) los sistemas de seguridad social federales y locales para que exista un Instituto Nacional de Seguridad Social y evitar la pulverización de los beneficios de esta entre quienes por libre derecho al trabajo hayan colaborado, lleguen a colaborar o trabajen en más de un ámbito de gobierno (municipal, delegacional, estatal y federal) y accedan sin imitaciones a la seguridad social si resultaren afectados en algún momento. Paralelamente, sin violar su autonomía o instituciones del derecho internacional, los alcances de ONGs que reciben donativos para que contribuyan fehacientemente con respuestas ad hoc a fenómenos naturales como el que ha dado origen a este artículo.
Revisar la legislación en materia de protección civil de varias más, para que los llamados atlas de riesgos, sumados a las estadísticas de delitos, planes de desarrollo urbano, o de ordenamiento ecológico del territorio estén debidamente integrados y coadyuven en la atención de emergencias.
Ponderar la aplicación del trabajo en casa que menciona la Ley General de Cambio Climático, en cuanto sea factible en la administración pública federal, estatal y municipal (o delegacional y futuras Alcaldías) de manera particular en instituciones que por desastres provocados por fenómenos naturales tengan riesgo alto.

No cabe duda que la naturaleza nos muestra su poder, pero también hace surgir nuestros miedos, sentimientos o valores para enfrentarla y saber convivir con ella; ojalá que cada vez seamos más conscientes de ello y tengamos mejores reacciones ante ella.

* Experto en gobierno y asuntos públicos.

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