.

lunes, 31 de julio de 2017

Sociedad / Debemos garantizar el acceso a servicios sociales de los menos favorecidos

José Víctor Rodríguez Nájera*

En las últimas semanas se ha revelado una cifra que me pareció interesante, está relacionada al número de empleos que genera el sector de la limpieza y el mantenimiento a nivel nacional. Nada más que 140 mil plazas son ocupadas por hombres y mujeres que perciben, según empresarios del ramo y organizaciones sindicales, un salario que supera la cuota mínima en casi 25 por ciento.

Si bien es cierto que este tipo de ingresos resultan insuficientes para atender las necesidades de una familia, el tema es de mayor trascendencia y estructural pues está ligado a lo que los economistas llaman política macroeconómica y las variables fiscales, comerciales, tipo de cambio, así como del crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo.

La cuestión está en entender la necesidad que tiene el gobierno en establecer un salario mínimo para los trabajadores “no calificados” que, ciertamente, tienen que ver con todos los anteriores parámetros. En esta estructura financiera ello, los afanadores, son quienes más pierden, por decirlo de alguna manera, este grupo de la sociedad se ve obligado a desempeñar tal o cual labor que puede estar ligada al sector primario y secundario de la economía.

Pero no todas las cifras son malas para la economía del país, este rubro de la actividad de servicios –limpieza y mantenimiento— ha mantenido un crecimiento sostenible ante la demanda de sus servicios. Ahí tenemos empresas como LIMPEQ, DISPALIM Y OMAL que le han apostado a la capacitación a su personal y buscar nuevas tecnologías para un mejor desempeño de las funciones de sus empleados. Pero más allá de este compromiso, estas firmas han garantizado el acceso a la seguridad social (IMSS) de miles de personas y sus familias.

Es importante reconocer que muchas de estas familias –las de más bajos recursos—requieren contar con el acceso a la salud, al crédito a la vivienda, a la aportación para su fondo de retiro, en fin, a ciertos beneficios que conlleva contar con un empleo fijo, aunque el salario no sea el que los mexicanos deseamos para nuestros connacionales.

Sin embargo, en este sector también hay “el lado obscuro” de la actividad, representado por las firmas como Tecno Limpieza Ecotec, Comercializadora de Servicios Reyson, Administración Virtual del Servicio de Limpieza y P&C Limpieza, Goot und Glock, que han sido denunciadas por pagar sólo el salario mínimo vigente, pero el temas más degradante y peligroso es que no garantizan el acceso a la seguridad a sus más de 10 mil trabajadores que prestan sus servicios en áreas tan importantes dentro del gobierno federal (SCT, SH, ISSSTE) y en instancias del gobierno local.

El riesgo de favorecer a este tipo empresas por cuestiones de ahorrarse unos pesos, ha derivado en que miles de familias –entre todos suman unos diez mil empleados— dejan en total desamparo a este grupo que ve vulnerado sus derechos por empresarios inescrupulosos que han ganado licitaciones a costa del sacrificio de sus trabajadores.

Considero que organismos e instituciones del gobierno federal y local deberían tomar en cuenta este tipo de prácticas desleales, entre quienes ofertan sus servicios en estas convocatorias, y cerrar definitivamente a aquellos que presentan documentación falsa durante los proceso de licitación –como el empresario Fernando Sanromán Cervantes, quien fue descalificado—o “mejora su propuesta económica” sacrificando a miles de familias mexicanas.

Es tiempo de cambiar las reglas. Y ahora que ha entrado el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México pudiera también “poner en el ojo” a estas firmas que sencillamente han depredado el mercado en una guerra de precios que ha nadie beneficia y sí latina a muchos hombres y mujeres –incluso adultos mayores- que requieren necesariamente contar con el acceso a los servicios sociales que prestan instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Punto Cero

El tema de las dos personas que perdieron la vida, tras abrirse un socavón en Cuernavaca, Morelos, ha abierto una discusión interesante sobre el derecho a la vida, misma que (supuestamente) el Estado debería garantizar.

Por una parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, puso el dedo en el renglón tras denunciar que una parte importante en las afectaciones físicas fue producto de una negligencia en los servicios de rescate y auxilio.

Las dos personas que perdieron la vida fue producto de asfixia, por lo que se presume que luego de dos horas de permanecer al interior de este hoyo pudieron ser auxiliados a través de tanques de oxigeno y en el mejor de los casos con mangueras y así preservar la vida de ambas almas.

Por otro lado, el doctor Fernando Aviléz Tostado, quien preside la Fundación No Más Negligencias Médicas, advirtió que ambas personas tuvieron la oportunidad de continuar con sus vidas, si es que las autoridades de emergencia hubieran actuado de manera pronta.

Resaltó que el lugar del accidente está ubicado a menos de 15 minutos –vía aérea-- de la zona de atención médica más importante de la ciudad de México, “el Estado está obligado preservar la vida y eso está plasmado en nuestra Carta Magna”.

* Periodista mexicano
Twitter: @JoseVictor_Rdz

Publicar un comentario

 
Copyright © 2014 Libertas