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lunes, 22 de mayo de 2017

Libertad de expresión, asesinada

Marco Escobar Cuapio*

La libertad de expresión es un derecho fundamental, su ejercicio es piedra angular de una democracia funcional que tutela y promueve el disenso, que no ve en las plumas o portales conspiraciones, que más bien sospecha de la unanimidad y homogeneidad en la opinión. El principio forma parte de sistema internacional de protección a los derechos humanos, no es menor su afectación a través de la violencia o el amedrentamiento.

Constituye una señal de descomposición la persecución de las ideas, la criminalización o sanción a través de hipótesis normativas en los códigos, leyes, sentencias o criterios a modo, es un atentado a un principio, con enunciados creados a modo en los órganos legislativos, a los que ampara la expresión de ideas en el manto protector que da el fuero, ¿quién garantiza la expresión de ideas de los ciudadanos?.
La respuesta institucional ante el alud de homicidios en contra de periodistas ha sido la creación de una fiscalía, lo menos que se puede hacer frente al agravio es investigarlo, generar líneas que encuentran un lugar común en la frase, “estamos determinando quien puede ser el responsable”.

La violencia desatada en contra de quienes describen o denuncian la disfuncionalidad de la democracia, ya sea en casos emblemáticos o por lo menos bajo la presunción de conductas poco éticas, de complicidades en las cañerías de la sociedad entre política y la opacidad, se convierte en un indicador grave del atentado contra la libertad.

El silenciar a un periodista, repercute en la vulneración a otro derecho, el que tenemos todos a la información, los periodistas que investigan, denuncian, tienen un papel determinante en la construcción de una sociedad plural, equilibran al ciudadano que sólo cuenta con algunos instrumentos para la contención del poder, y a los que lo ejercen, que cuentan con un sin número de recursos para imponer sus determinaciones.

La costumbre frente a determinadas conductas hace las veces de una vacuna que en principio el propio organismo repele, pero que termina por asimilar. Indignarse y repudiar estos hechos debe ser parte de la agenda pública ciudadana; como ya se ha planteado, urge revisar los mecanismos de protección a periodistas y las condiciones para el desarrollo seguro de su función.

* Consultor en materia electoral.

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