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miércoles, 1 de febrero de 2017

Cañazos / Ejército y Ley de Seguridad Interior

Arturo Bárcena Bazán  

Fuerte, enérgico, enfático fue el mensaje que envió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda,  el pasado jueves 8 de diciembre en el que recalco, por segunda ocasión, la primera la había hecho  en octubre pasado, al término del Seminario “La Defensa Nacional y el Derecho Internacional Humanitario 2016” efectuado en la Universidad Anáhuac, en que  expresó que “no estudiamos para perseguir delincuentes. La seguridad Interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional, ni de la Marina, es de Gobernación.

Tiene razón el general Cienfuegos,  la Secretaría de Gobernación es la responsable de la paz interior, de la política interior; tiene bajo su mando a la policía federal, a la gendarmería y tiene participación en el mando único de la policía.

Desde diciembre de 2006 el Ejército salió  a las calles en Michoacán para combatir al narcotráfico y la  ola delincuencia que afectaba al estado donde nació el  entonces presidente Felipe Calderón, quien afirmó que se iniciaba una “guerra” con la delincuencia organizada,  guerra en la que tenía que participar el Ejército y la Marina.

El general Cienfuegos ha pedido, diría exigido, que el Poder Legislativo les de ya un marco legal para proteger a los militares en sus tareas de seguridad pública y que   el Ejército regrese a sus cuarteles. Para ello urgió al Legislativo a  promulgar la Ley de Seguridad Interior, en la que se regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.

Esta Ley de Seguridad Pública (que aún no se ha discutido ampliamente, no se ha aprobado por el Congreso de la Unión, que continúa analizándola) ha provocado discrepancias entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno mexicano. Gobernación, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores afirman que la Ley no será un instrumento  que valide violaciones a Derechos Humanos ni ningún exceso de los militares, sino la forma en que las Fuerzas Militares pueden participar en tareas de seguridad pública.

Con la legislación actual, los militares corren el riesgo de caer en la cárcel, acusados de violación de los derechos humanos, lo que esgrime todo presunto delincuente que es arrestado.  “Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel. Los miembros del Ejército no se sienten a gusto en esta “guerra” iniciada hace diez años”, recalcó el secretario de la Defensa Nacional.

La reacción presidencial no se hizo esperar. El viernes 9 de diciembre el Presidente Peña Nieto declaraba que el Ejército seguirá en la calle aún si no le toca.  Hasta que se profesionalicen los cuerpos policiacos. Una profesionalización que lleva ya años de iniciada y que aún no termina. Las policías corruptas son cada día un número mayor. El senador del PRD Miguel Barbosa fue incisivo en que “las policías en los tres niveles de gobierno - municipal, estatal y federal- están penetradas, son corruptas, ineficientes y poco profesionales y si seguimos con estas policías el Ejército nunca dejará la calle ni regresará a los cuarteles”.

El abogado penalista Juan Velázquez, quien defendió al ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio por lo ocurrido en 1968, considera que en el 99 por ciento de los delitos no se hace justicia, al tiempo que el crimen se encuentra infiltrado en el 75% de los cuerpos policiacos. Así que la depuración policiaca y el contar con policías eficientes y preparados, como sugiere el general Cienfuegos está muy lejos de hacerse realidad.

El senador Barbosa indica que urge un marco legal, jurídico,  que defina el papel de las fuerzas armadas en su combate contra el narcotráfico. “Es lo menos que les podemos dar a quienes arriesgan la vida día con día  en esta interminable guerra iniciada durante la administración de Calderón”.

 El Partido Acción Nacional se pronunció porque “el Ejército no debe dejar las calles” y ¿que contestó el Poder Legislativo  a lo dicho por el general Cienfuegos, Barbosa y el PAN?

En voz de sus presidentes, del Senado Pablo Escudero y del de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, se dijo que la Ley de Seguridad Interior sería sometida a la consulta de la sociedad civil, académicos y fuerzas armadas en foros que se establecerían a partir  del pasado enero, sin que se hayan llevado a cabo los foros mencionados y sin que haya habido un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, para tratar el tema. Se ordenó que las Comisiones de ambas Cámaras implicadas en el estudio de la Ley de Seguridad Interior permanecieran en sesión permanente, Hasta ahora, sin resultados positivos.

La futura Ley de Seguridad Interior. Que humorísticamente se dice estará lista en este mes de febrero, deberá establecer con claridad las condiciones y los plazos para que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y realizar los trabajos para los cuales estudiaron y se prepararon, estudios que no fueron para sostener la “guerra” contra el narco:

El general Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón, titulares de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, el panista morelense Javier Bolaños, le expresaron que ellos no quieren una ley sacada al vapor y que durante la discusión en las Comisiones y Pleno se deberá tocar también el tema del fortalecimiento de las corporaciones policiacas, señaladas de corruptas, ineficientes y sin entrenamiento real y a fondo para combatir al narco. Es más, las policías ni armas adecuadas tienen para hacer frente al armamento de la delincuencia organizada.

Así que urge que ambas Cámaras del Congreso de la Unión se aboquen a estudiar la iniciativa y  promulguen lo m´<s pronto posible la Ley de  Seguridad Interior, en beneficio de las Fuerzas Armadas, de las policías y, sobre todo de la ciudadanía.”No debe ser una ley al vapor”, ha indicado el general Salvador Cienfuegos. Diríamos ni fast track

Facebook:  Barcena Bazan
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