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martes, 17 de enero de 2017

Seguridad y Gobierno / Nuevo sistema político para un mejor gobierno

Romeo Déctor García*
Twitter: @dector72

En México ha quedado claro que el llamado cambio no se dio en el año 2000, mucho menos pauta a una transición en 2006. En 2012 y lo que va del actual período del Ejecutivo Federal sólo se ha dado continuidad a una serie de proyecciones derivadas de compromisos internacionales o de expectativas generadas con la inclusión del país en el ámbito internacional en la OCDE, por ejemplo.

Salvo acciones recientes derivadas de consultas, consensos y definiciones el salario mínimo aumentó escasamente o se ha dado, como un caso, la posibilidad de ampliar el desarrollo económico mediante el llamado emprendedurismo, o bien de abundar en los negocios relacionados con la energía y acciones para contrarrestar el cambio climático.

Aparentemente el Senado y por efecto la Cámara de Diputados han forjado una nueva institucionalidad al crear nuevas leyes generales en materia de ejecución penal, de víctimas, sobre el delito de secuestro, de partidos políticos, del servicio profesional docente entre otras.

Pero la vida sigue igual (Julio Iglesias dixit) en unos aspectos de lo cotidiano, en otros sólo ha habido cambio de denominaciones o reasignación de atribuciones (órganos procuradores de justicia, de transparencia y protección de datos) y en la mayoría de ellos únicamente se consolidó un robusto sistema burocrático que, por un lado, encareció la gestión pública federal (centralizada, paraestatal y autónoma), todo ello con cargo a los contribuyentes o en detrimento del patrimonio nacional (recursos naturales renovables y no renovables).

La disminución del precio del petróleo ha puesto en crisis económica a la nación y si ni los municipios o tibiamente los Estados (a través de los Ayuntamientos o de los Gobernadores y Legislaturas) únicamente fueron comparsas de los cambios constitucionales o en determinada legislación han propiciado que el Federalismo real se diluyera, que se perdiera la capacidad de nutrir las localidades o peor aún potenciar ciertas regiones.

El sofisma de no aumentar los impuestos en los dos últimos años en la Federación o en cierras entidades federativas no ayuda a consolidar las finanzas públicas y menos a dejar de depender en mucho del financiamiento que otorgan los recursos energéticos.

Así las cosas, si bien la gota que derramó el vaso fue el efecto inmediato en la economía de las personas y por efecto de las organizaciones privadas y públicas por la liberación de los precios de combustibles, particularmente de la gasolina (más allá de la relativa justificación de ello), lo que está sobre la mesa de la política es si podemos continuar con un sistema político como el actual o debemos cambiarlo, si el sistema constitucional puede dar pauta a depurar el sistema normativo federal y de ahí permear el de las entidades federativas o sólo pensar que un cambio en la clase dirigente en el ámbito federal (Ejecutivo y Legislativo en 2018) puede reducir la inconformidad social y propiciar condiciones de futuro cambio.

Me parece que el sistema político actual está en un callejón sin salida: o se reforma, propicia credibilidad y sobre todo evita el abuso o la corrupción, o dentro de poco alimentará su destrucción y aniquilamiento con grave perjuicio de la seguridad y la tranquilidad pública. Manifestaciones pacíficas, recriminatorias y oportunismo delincuencial se han dado recién iniciado este 2017; no permitamos que el reavivamiento ciudadano en la política real se combine con lo oscuro de lo social ni burocrático.

Retomemos por todas las vías legales actuales el ánimo en lo político, el ideal de justicia y progreso, muy particularmente formemos una nueva visión nacional que integre la riqueza de la Constitución que se ha ido conformando, depuremos aquello que es pernicioso o poco funcional para una sociedad que detesta los privilegios malentendidos y busquemos sacudir al Poder Judicial que parece un invitado de piedra en la vida de la República federal. Valgan entonces las siguientes ideas:

Evaluar y depurar al gobierno en amplio sentido

Revisar el estatuto jurídico constitucional de la CNDH, del INE, del TRIFE, INAI reorganizarlos y racionalizar las percepciones de sus integrantes.

Reordenar las atribuciones del Ejecutivo Federal y del Legislativo en materia de nombramientos o designaciones de altos funcionarios de hacienda, relaciones exteriores o del Banco de México.

Revisar las instituciones relacionadas con la administración nacional de los hidrocarburos para constituir una nueva estructura en la materia y que las entidades federativas intervengan con mayor decisión más allá de que en algunos casos se beneficien con más recursos derivados de ello.

Reorganizar el sistema policial federal y la participación del Ejército y Marina en seguridad

Armonizar e integrar en un gran sistema la seguridad nacional, interior y pública en México (en entrega anterior realicé algunos planteamientos al respecto).

Analizar y reformar el sistema normativo relacionado con las víctimas.

Redefinir cuestiones como la desaparición forzada, el derecho de reunión y la libertad de expresión sin que se retroceda en materia de derechos adquiridos e internacionalmente reconocidos.

Recuperar el Federalismo

No más Pactos por México que se conviertan en transacción de intereses o en intercambio de carteras o de personajes, se requiere revisar con ahínco el sistema federal para que desde la Constitución exista claridad competencial y se eviten las continuas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad (en los caso en que se promueven) o la mera asunción del sistema dada la ignorancia o complejidad de los procesos jurisdiccionales ante el Poder Judicial Federal.

Revisar el papel que políticamente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus aportaciones a la vida republicana para, en su caso, renovar las modalidades de integración en toda su organización.

Se debe buscar consolidar el sistema financiero de Estados y Municipios, los esquemas de subsidiariedad entre ellos (incluso de la propia Federación) y particularmente ver la posibilidad de sistemas de gobierno metropolitanos, regionales e interestatales.

Pensamiento político

Más de uno sabe que ya no tenemos tiempo, que la apatía no puede subsistir en medio del caos, la indiferencia sólo ha hecho que pervivan en los últimos años la connivencia perversa, las concesiones políticas costosas e ineficaces y la pauperización social.

Busquemos integrar los elementos liberal, social y colectivo que contiene nuestra Constitución; revisemos profundamente los principios de la educación mexicana y fortalezcamos escuelas de todo tipo (incorporado a un sistema, autonómico o libre) y socialmente reconozcamos el valor de la enseñanza.

Evitemos la desigualdad proveniente de privilegios asumidos como dogma en todos los ámbitos de las organizaciones públicas y demos cauce a finanzas nacionales para bien de la economía nacional y de los individuos.

Debatir en la República se hace necesario, emprender acciones útiles es urgente y retomar el sentido de unión ha sido, es y será permanente. Homo hominis deus.

* Experto en gobierno y asuntos públicos.

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