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lunes, 12 de diciembre de 2016

Seguridad y Gobierno / Seguridad nacional, interior y pública: ¿La torre de babel mexicana?

Romeo Déctor García*
twitter: @dector72

Tomar la seguridad en su más amplio sentido como un sistema administrativo en el que eventualmente al cambiar las políticas, las reglas y la organización (independientemente de si se cuenta con base constitucional, legislativa o sólo reglamentaria), sin considerar la contraparte llamada procuración de justicia (esto es las Procuradurías o Fiscalías –Ministerios Públicos-) y la administración de justicia, ha hecho que en México una detención arbitraria, una investigación ministerial mal enfocada o una consignación ante jueces deje libres o sin la sanción penal correspondiente a muchos delincuentes.

La seguridad en México si bien esta fincada en las policías (de los municipios, de las entidades federativas y de la federación) en su fase de prevención, tiene un vacío en cuanto corresponde a la investigación de los delitos, esta última sólo corresponde a los Ministerios Públicos quienes se auxilian de la propia policía ministerial y bajo determinadas circunstancias de policías especiales (fuerzas antisecuestro, grupos especiales de reacción, etcétera).

Debemos sumar a la complejidad que algunos delitos, por ejemplo el narcomenudeo, tienen base en la Ley General de Salud y correspondencia en el Código Penal Federal y en su caso en los Códigos estatales, la portación de arma de fuego tiene base en una ley federal, e incluso el secuestro tiene una regulación particular. Estos tres que por su impacto o alta incidencia en su comisión hace que las policías municipales, que no tienen la función de perseguir delitos, si no reaccionar ante denuncias o llamadas de auxilio, que tampoco cuentan (porque no es su atribución) con laboratorios o herramientas instrumentales para, por ejemplo, definir si alguna sustancia, yerba o pastilla en tipo y volumen pueda considerarse o no tipificada como delito, hacen de suyo difícil que los municipios contribuyan o participen en la mejora de la seguridad en esa escala y tipo de delitos.

Todos deseamos que la seguridad en México mejore, que los delincuentes sean castigados y que algunas regiones cuyos pobladores sufren de ataques reiterados (directos o indirectos, como víctimas u ofendidos) retornen a niveles de tranquilidad satisfactorios. No obstante, más allá de si la Marina Armada de México o el Ejército pueden sumarse a la prevención o contención de la inseguridad (a petición de los gobernadores o de sus legislaturas), cuya intervención se entiende sólo puede ser temporal, me parece que debemos encaminarnos a una nueva visión de la seguridad, a contribuir con una nueva organización policial federal, militar o de la marina. Adicionalmente debemos establecer los alcances de esa petición de intervención.

Al aludir a una nueva organización para la seguridad estimo que, así como hubo un amplio consenso para llegar al sistema de justicia penal oral y que está trascendiendo a otros sistemas (familiar, mercantil y eventualmente el civil en cuanto a lo procedimental o adjetivo); se debe revisar profundamente el Código Penal Federal y por efecto, los Códigos Penales de los Estados, no necesariamente para lo que muchos llaman código penal único, si no para dar un nuevo rumbo al sistema competencial de los ministerios públicos (o fiscales, según se trate) de la federación y de los estados, ya que incluso en temas como el secuestro hace algunos meses se resolvió una controversia constitucional por la Suprema Corte que invalido artículos de la legislación mexiquense en la materia que refería aspectos vinculados al delito de secuestro.

Si no definimos con claridad los delitos que pueden perseguirse ante la federación (iniciando con la intervención de la aún Procuraduría General de la República) que no den lugar a dudas de la intervención que le corresponde en principio a la Policía Federal, a la policía ministerial y con certeza a la participación de la Marina y el Ejército y de si estos afectan la seguridad pública federal en su sentido más amplio cuáles, por su ocurrencia en una región con alto valor social, cultural o geográfico (léase Acapulco, Cancún, las grandes ciudades o por la propia fenomenología del delito) su comisión es interestatal; con la iniciativa de ley sobre seguridad interior que ya se encuentra en el Poder Legislativo Federal, únicamente estaremos sumando una nueva ley a las ya preexistentes, que daría más legalidad a la intervención de las fuerzas marino-castrenses, sin que concomitantemente en la realidad se contribuya a la disminución de ciertos delitos que afectan la seguridad y que por sus características afectan la llamada seguridad interior.

Más allá de que el caso Iguala dio muestra no sólo de corrupción de la más alta esfera del poder municipal y de su connivencia con el crimen organizado (de persecución federal) y por efecto lugar a la Iniciativa del Ejecutivo Federal para incluso llegar a establecer la desaparición de los poderes municipales, esta debe verse complementariamente a esa nueva iniciativa de ley sobre seguridad interior para armonizarlas, ya que una adecuada distribución de competencias en la materia (sistema policial), debe darse frente al sistema de persecución de los delitos (ministerios públicos, policías ministeriales o de investigación) y el sistema penal (tipos de delitos, política criminal y políticas de prevención).

La tranquilidad de los mexicanos exige no sólo legalizar la intervención de ciertos cuerpos militares, sino sobre todo dar orden y claridad a la participación de la propia Federación frente a sí misma y ante las entidades federativas. Además de contribuir a la depuración, formación y potenciación de las capacidades de las policías municipales que en una humilde opinión no deben ser ajenas dadas las actuales condiciones del país.

* Experto en gobierno y asuntos públicos.

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