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viernes, 18 de noviembre de 2016

Cañazos / A qué gobernador le va, por quíén pone las manos al FUEGO

Arturo Bárcena Bazán

Desde épocas ancestrales, vamos, desde la época virreinal, los virreyes, mandos independentistas, jefes revolucionarios, gobernadores y Presidentes de la Republica han sido acusados de desempeño deshonesto en sus funciones de gobierno.

Hernán Cortés saqueó a la Nueva España para enviarle presentes en oro al Rey de España. Su hijo Martín siguió su camino.

Son escasísimos los gobernantes que no han salido enriquecidos ellos, o sus parientes, una vez terminado su mandato. De ahí el surgimiento de los caciques, como sucedió en San Luis Potosí con “El Alazán Tostado” Gastón N. Santos., o con Manuel Sánchez Vite, en Hidalgo; Rubén Figueroa, en Guerrero, Carlos Sansores Pérez, de Campeche, que amasaron grandes extensiones territoriales, formando latifundios o cacicazgos. Pero tenían una peculiaridad: no robaban de las arcas del erario en las proporciones de cómo  lo hacen ahora los mandatarios locales y bastantes presidentes municipales.
Ninguna época tan corrupta, como la que ha habido desde finales del siglo XX y principios de este siglo XXI.

De todos los gobernadores acusados de corruptos, de complicidad con el crimen organizado, de haber desfalcado las arcas de los estados que gobernadores, permanecen solo tres en prisión: Mario Villanueva Madrid, recluido en una prisión de Nueva York, Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y complicidad con el narcotráfico y a quien se debe el despegue de Quintana Roo y la construcción de sus modernas carreteras; el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, preso en la Ciudad de México y ahora Guillermo Padrés ex gobernador de Sonara, recluido en el Reclusorio Oriente de la capital del país, a quien inicialmente se acusa de causar un daño al erario del estado por 33 mil millones de pesos.

De los montos de que se acusa haber dispuesto Granier y Padrés Elías, aún no se puede cuantificar, pues seguramente mientras escribimos este artículo la suma presuntamente defraudada por el ex gobernador de Sonora habrá aumentado.

Javier Duarte es un caso típico de ambición desmedida. De panadero en su niñez se convirtió en el gobernador que presuntamente más daño causó a un erario estatal, se dice que la suma asciende a poco más de mil 400 millones de pesos.  Dejó a Veracruz en la miseria, sin pagar a los maestros y personal administrativo de la Universidad Veracruzana, embolsándose el dinero de partidas federales y estatales que correspondían a los 212 municipios del estado, sin pagar a los adultos mayores, sin pago a profesores, a campesinos, a todos. Burlonamente dice que su patrimonio asciende a siete millones de pesos, que incluye dos propiedades que adquirió en 1996. Las primeras investigaciones hablan de propiedades en la Ciudad de México, en varios lugares del estado de Veracruz, en Valle de Bravo y un sinnúmero en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Y todavía se burla de la justicia al acudir a un programa de televisión, promete entregarse y finalmente se fuga, con el apoyo del gobernador interino, el notario, ex secretario de Gobierno con Duarte, ex diputado local, ex secretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, quien peca de candidez en sus declaraciones sobre la fuga de Duarte.

De estos dos, Duarte y Padrés, suman cientos de millones de pesos los presuntamente defraudados al erario, los que pudieron lavar, y las propiedades adquiridas en sus seis años o menos de gobierno.
Duarte y Padrés han recibido, hasta ahora, el ¡terrible castigo! de haber sido suspendidos de sus derechos partidarios en el PRI y PAN, respectivamente.

A ellos se suman tres gobernadores que dejaron recientemente el cargo Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León a quien se acusa de crear empresas fantasmas en Nuevo León y Estados Unidos, así como de peculado y daño patrimonial; César Duarte Jáquez, de Chihuahua -que deja una deuda pública sin comprobar por la suma de 48 mil 213 millones de pesos, cuando al inicio de su gestión era de  tan solo 12 mil 547 millones de pesos- ; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo –dejó una deuda pública por 19 mil 141 millones de pesos- , cuyos expedientes en la PGR estarán terminados por allá de febrero de 2017, según informaciones oficiales. Mientras tanto, a disfrutar de la vida y ver cómo resuelven este problema con el apoyo de sus amigos influyentes y perjudicando a los que fueron “gobernados”  y presuntamente robados por ellos. Apuestan a que el  y el olvido será su mejor aliado para salir del problema en que se encuentran metidos.

Víctor Agúndez, de Baja California Sur; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero; Jesús Reyna García, ex gobernador interino de Michoacán e incluso Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, esperan que su situación jurídica quede esclarecida, sobre todo Fausto Vallejo, quien ha declarado que sus cuentas son transparentes y que no ha sido citado ni por su partido ni por la PGR. Sin embargo, en días pasados se presentó voluntariamente ante la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para saber si existía alguna investigación en su contra. En la sede de PRI no hay ninguna denuncia en su contra, le dijeron.

En los casos de Javier Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, César Duarte, Roberto Borge Y Ángel Aguirre, varios de sus colaboradores han sido detenidos y permanecen en espera de ser sentenciados o absueltos.

Escribo la cabeza de la columna “Arenal”, que escribió Francisco Garfias en Excélsior el martes 8 de noviembre de 2016: “¿Dónde está el dinero? ¡Ladrones! ¡Corruptos!

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