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jueves, 3 de noviembre de 2016

Cambios en el Gabinete

Miguel Arroyo

Se venía comentando en los corrillos políticos la inminencia del ajuste en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, en las áreas fundamentales de procuración de justicia y combate a la corrupción.

Particularmente la designación de Raúl Cervantes como Procurador General de la República y en consecuencia posible Fiscal de la Nación, ha sido bien recibida por la opinión pública nacional y los ámbitos políticos y jurídicos.

Quienes hemos tenido oportunidad de interactuar con el ahora Procurador de la República,  podemos dejar constancia de su sólida formación jurídica y su fino criterio para discernir los entramados de la interpretación legal.

La Procuraduría General de la República tendrá sin duda una renovación a fondo y un impulso de energía y acciones concretas, que en los próximos días  se constatarán en el escenario nacional, sin demérito por supuesto de las labores desarrolladas por sus anteriores titulares, en la presente administración. Pero el reflejo de la personalidad de su nuevo titular, tendrá consecuencias en un corto plazo en algunos de los asuntos sobre los cuales la actual administración ha tenido la presión de la opinión pública nacional para que se resuelvan de forma inmediata y sólida.

Según se sabe,  en la Procuraduría de la Republica todos los altos funcionarios se encuentran sujetos a un recio análisis objetivo y jurídico por parte del actual procurador  para evaluar su desempeño,  pero sobre todo,  su idoneidad para integrarse al nuevo grupo de colaboradores cercanos al nuevo titular de la institución. Aún y cuando los cambios pueden no ser inmediatos, en algunas áreas sensibles son inminentes. Esto no querrá decir necesariamente que quienes sean relevados de  su encargo  hayan tenido un desempeño deficiente, sino que el actual titular, se dice, está tratando de encontrar los perfiles necesarios para enfrentar los últimos dos años del sexenio y la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía de la Nación.

Resalta de manera especial que el actual titular no sólo es un sólido jurista sino que su paso por el ámbito legislativo le da también una gran capacidad de operación política, muy necesaria para resolver algunos conflictos en los cuales el tratamiento jurídico debe ir acompañado del fino tejido, necesario para evitar que los conflictos no solamente se resuelvan sino que no escalen a otros ámbitos.

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