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sábado, 29 de octubre de 2016

Corrupción: El problema nacional

Norberto Hernández Bautista

He escuchado opiniones expertas sobre las razones y  los daños de la corrupción en el país. Todas bien motivadas y fundamentadas, dignas de  las mesas de debate entre legisladores, gobernadores, secretarios de Estado, académicos y analistas formados en las mejores universidades del país y del extranjero. Sin embargo, las definiciones más claras y contundentes las he escuchado de personas que la padecen, de quienes son víctimas de la estafa mayor que azota a nuestra sociedad. En repetidas ocasiones he tratado de entender con Alfredo, Pepe, Claudia, Toñita y muchos otros amigos lo que pasa en el país y la única respuesta que encuentro es que estamos frente a la derrota moral de la sociedad.

De poco, o nada, ha servido la alternancia en el poder público; de poco, o nada, ha servido que otros partidos y líderes políticos sustituyeran al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del gobierno en los municipios, los estados y el país. A los ojos de los ciudadanos la percepción recurrente es que nada ha cambiado. El monopolio del poder en manos del PRI, su autoritarismo y sus excesos de corrupción pronto fueron igualados, incluso superados, por gobernantes provenientes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); al resto ni mencionarlos porque escenifican lo más granado de la corrupción: el partido de la maestra, el del “niño verde”, el naranja-naranja y un rémora llamado PT.

Los ciudadanos siguen creyendo en la democracia, en el valor superior de su voto; pero los partidos han entendido mal esa vocación, sus cuadros políticos han resultado un fraude al momento de administrar los asuntos públicos, los recursos cuyo origen es el esfuerzo de millones de  mexicanos que trabajan honestamente. Los ejemplos brotan como el aguan negra del caño. Los millones de pobres, los millones de familias en pobreza extrema y los millones de jóvenes sin posibilidades de estudio y de trabajo son cosecha del suelo fértil  de los excesos de una clase política corrupta, cuyo cinismo supera lo visto en películas como la “Ley de Herodes” y el “Infierno”. Desafortunadamente, el oscuro panorama lejos está de disiparse. Fue más fácil corromper a los recién llegados al poder, que los recién llegados combatir la corrupción heredada del PRI y las prácticas distorsionadas del viejo sistema político mexicano.

Para que exista un Estado entregado a la corrupción, debe existir una clase política y gobernante dispuesta a hacerlo. Bolivia fue el primer narco- estado de América Latina y su promotor fue un empresario poderoso que tejió todo para  llevar a uno de sus aliados a la presidencia del país andino, para facilitar el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Nada escapó a esa complicidad y los horrores vividos por la población fueron urdidos desde el poder económico y político boliviano.

Quiénes fueron los ganadores no se sabe, lo que sí es fácil ubicar es quiénes fueron los perdedores: la población civil.

Desde Bolivia, el tráfico de droga alcanzó la complicidad de la Cuba de Fidel, personaje venerado por miles de románticos de la izquierda latinoamericana. Y todo a cambio de un millón de dólares diarios.
La alianza criminal también tejió su red hacia Colombia y Panamá con el consecuente resultado de violencia, sangre y muerte de miles de personas inocentes. Ahí florecieron personajes siniestros como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”; los hermanos Castaño, los Rodríguez Orejuela. Más aun, se fortaleció la unión entre la delincuencia organizada y los movimientos guerrilleros, las autodefensas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El colmo de la sinvergüenza en Colombia se atribuyó al coronel Danilo González que de combatir el narcotráfico, terminó por ser su mejor aliado, facilitador y socio. Su ayuda significó patrocinar al cártel del Norte del Valle, en sustitución de los de Medellín y Cali.

La desgracia cayó en la población pacífica de Colombia y Panamá, pero sus orquestadores se hicieron millonarios: políticos, empresarios y dos presidentes. El panameño cobraba su porcentaje por derechos de vía por el tráfico de cocaína y el colombiano ganó la presidencia con dinero venido del narcotráfico. Tres presidentes involucrados en el narcotráfico, ¿qué opción tenía la población que padecía la violencia y la barbarie del crimen organizado?; discursos miles, soluciones ninguna. Poblados enteros fueron aniquilados, familias completas masacradas, en ocasiones a manos de los narcos, en otras de los guerrilleros y en otras tantas del ejército y la policía nacional. El hilo conductor de la violencia, la pobreza y la marginación se encontró en la corrupción al más alto nivel de la dirección nacional de esos países.

¿Es diferente en México?, no. A finales del sexenio del presidente Salinas fue público y notorio el escándalo por corrupción y señalamientos de vínculos con el narcotráfico de uno de sus hermanos; con el presidente Zedillo se documentó la relación de la familia de su esposa con el rey de las anfetaminas en Michoacán. El único juzgado fue el general Rebollo que se encargó de descubrirlo. Con el presidente Fox, los hijos de su esposa fueron señalados de hacer múltiples negocios amparados en el uso indebido del poder público. Con el presidente Calderón se desató la más dura batalla contra el crimen organizado, donde resultó más preocupante el vínculo del poder político con los distintos cárteles de la droga. Miles de mexicanos han muerto; lo mismo han sido víctimas civiles que militares, policías que narcotraficantes, pero la corrupción y sus efectos sigue viva y actuante.

En los estados el daño por la ambición del poder y el dinero es mayor. Nuevo León vivió momentos de profunda gravedad ante un gobernador inoperante. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de decenas de personas reunidas en un casino, donde murieron asfixiados luego de que personas ligadas a un grupo criminal incendiaron el sitio. Ante el clima de violencia de su estado, el gobernador se fue a vivir a suelo norteamericano. En Tamaulipas dos de sus últimos gobernadores han sido señalados y perseguidos por autoridades de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En este estado, en pleno proceso electoral fue ejecutado el candidato a gobernador del PRI a días de la jornada electoral.
Su hermano fue designado para ocupar la candidatura y ganar la elección. Y ahí empezó la peor pesadilla de violencia extrema nunca vista en Tamaulipas. Pueblos enteros salieron huyendo ante la indiferencia de la autoridad. Ahí se registró una de las matanzas más crueles ocurridas en México. En el pueblo de San Fernando fueron ejecutados más de setenta migrantes, cuyo delito fue pasar por Tamaulipas para alcanzar el sueño americano.

Lo mismo ha ocurrido en Michoacán donde el hijo del gobernador entablaba comunicación directa con el líder criminal de los caballeros templarios, mientras las fuerzas del orden lo combatían. El propio secretario general de gobierno recibía instrucciones del mismo jefe narco. Eso sí, el gobernador priistas nunca dejó de mencionar que combatía a los criminales con todo el peso de la ley. En Guerrero el conflicto no es menor, solo que ahí la población pierde por varios frentes; cuando no son los narcos, son los intereses mineros y cuando esto toma un receso llegan los ciclones. La devastación llega por varios lados y el único ganador es el mandatario en turno. ¿Dónde quedaron los millones de pesos para atender las desgracias?, pregúntenle al gobernador perredista. Seguramente justificará todo con un discurso como los que describe Carlos Fuentes en su novela “Cristóbal Nonato”.

La desgracia se repite en entidades como Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Coahuila. Solo que en estos estados, además de la presencia del crimen organizado, los gobernadores se han sumando al saqueo de los recursos públicos. Se han robado todo y de todo. Muchos de ellos no son perseguidos por nadie, gozan de la inmunidad que otorga la complicidad. El gobernador perredista Juan Sabines dejó endeudado Chiapas y su castigo fue ocupar un consulado en Estados Unidos. El gobernador panista, Guillermo Padrés, que cometió evidentes abusos en el manejo del erario estatal, el PAN todavía está discutiendo si lo expulsa de sus filas. Duarte, el “gordo lindo veracruzano” hizo una fiesta con los recursos públicos, desbarató las instituciones en el estado y simplemente se escapó. Lo expulsaron del PRI como si ese fuera un castigo. En Coahuila se vive un paraíso de impunidad entre hermanos, ahí se registra un dato de historia: el ex gobernador Humberto Moreira recibió un estado con 1,500 millones de deuda y en dos años la hizo crecer a 36 mil millones. Su sucesor, Rubén Moreira, simplemente ha guardado silencio, al igual que el gobierno federal.
Únicamente en Estados Unidos se sigue un proceso en contra de Humberto por operaciones ilícitas con el crimen organizado.

Para que la corrupción pare, para enfrentar esta desgracia que tiene sometido al país, es urgente terminar con el pacto de impunidad de la clase política. No existe otra forma de hacer frente a la inseguridad, la violencia, la pobreza y la marginación. En ningún lugar la corrupción es cultura.

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